La Comisión Permanente del Congreso aprobó de manera unánime el informe final de la Denuncia Constitucional 196, que sugiere la imputación al expresidente Martín Vizcarra por su presunta participación en diversos delitos vinculados al caso “Richard Swing”.
El informe imputa al exmandatario la responsabilidad en varios presuntos delitos, entre los que se incluyen tráfico de influencias agravado en calidad de autor, peculado doloso por apropiación para tercero en calidad de instigador, negociación incompatible y obstrucción a la justicia.
Se señala que Vizcarra Cornejo habría abusado de su posición jerárquica para facilitar la contratación de Richard Cisneros, conocido como “Richard Swing”, en el Ministerio de Cultura, por una suma de 155 mil soles. Esta acción ocasionó un perjuicio económico al Estado, dado que Cisneros no reunía el perfil necesario para desempeñar la función requerida.
El informe final también imputa a la exministra de Cultura, Patricia Balbuena Palacios, por los mismos hechos. No obstante, su caso fue archivado debido a la caducidad de los plazos procesales.
La misma suerte corrió la denuncia contra las exministras de Cultura, Ulla Holmquist, y Sonia Elizabeth Guillén.
Previa a la presentación del informe final, a cargo de Lady Camones Soriano, presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, se procedió a la lectura del documento enviado por Vizcarra Cornejo. En dicho escrito, reafirma su renuncia a la prerrogativa del antejuicio.
Conforme al reglamento del Congreso, el presidente del Parlamento, Alejandro Reyes Soto, sugirió que la congresista Camones Soriano formara parte de la Subcomisión Acusadora encargada de exponer el informe y presentar la acusación ante el Pleno del Congreso. La propuesta fue respaldada de manera unánime.
Este informe final pasará al Pleno donde se debatirá y votará a partir de marzo, mes en que se reanudarán las referidas sesiones con la presencia de los 130 legisladores en el Congreso, debido a que hasta fines de febrero estas se encuentran en receso.