El abogado del fallecido expresidente Alberto Fujimori, Elio Riera, presentó este viernes una solicitud ante la Cuarta Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria del Poder Judicial para que se declare la extinción de la acción penal en el caso Pativilca contra su cliente.

Riera argumentó que, según el artículo 74 del Código Penal, el fallecimiento del procesado constituye una causal de extinción de la acción penal.

“Solicito que se tenga por extinguida la acción penal de quien en vida fue Alberto Fujimori Fujimori y se autorice a la defensa su retiro respecto a las diligencias pendientes por realizar”, argumentó.

En relación a esto, la fiscal Elsa Delgado confirmó que el Código Penal establece el fallecimiento del imputado como causa de extinción de la acción penal. Por lo tanto, señaló que corresponde atender la solicitud, siempre que se obtenga el documento oficial que certifique este hecho.

En la misma línea, Gloria Cano, abogada de la parte civil, afirmó que la muerte de exmandatario es un hecho de dominio público, por lo que no se oponen a la solicitud presentada.

El representante de la Procuraduría expresó su conformidad con la extinción de la acción penal en este caso. Sin embargo, indicó que la acción civil relacionada con el delito de asociación ilícita para delinquir debería mantenerse vigente para evaluar la posible reparación civil, si la hubiera.

“Consideremos que debe continuar en ese extremo y en su oportunidad, en la emisión del pronunciamiento de fondo, la sala debe pronunciarse por la responsabilidad civil, si es que la hubiera, y determine la reparación civil, de ser el caso”, apuntó.

La presidenta de la Sala, Miluska Cano, señaló que, dado el requerimiento de la Procuraduría para continuar con la acción civil, este aspecto deberá ser comunicado a todas las partes procesales para su respectivo pronunciamiento.

Además, ordenó la obtención de la ficha del acta o el certificado de defunción de Alberto Fujimori y anunció que emitirá un pronunciamiento en la próxima sesión.

Fujimori estaba siendo procesado en el caso Pativilca por homicidio calificado y asociación ilícita para delinquir, relacionados con el secuestro, tortura y asesinato de seis personas en 1992 en los anexos El Caraqueño y San José en Pativilca (Barranca). El Ministerio Público había solicitado una pena de 25 años de prisión en su contra.