El candidato presidencial de Perú Primero, Mario Vizcarra Cornejo, aseguró que se desvinculó de la empresa familiar C.M. Vizcarra dos años antes del inicio de las investigaciones fiscales por el caso conocido como “Los Saqueadores de Ilabaya” y denunció que, tras siete años de proceso, nunca ha sido citado a declarar por el Ministerio Público.
Durante su reciente arribo a la ciudad de Tacna, el aspirante a la presidencia se pronunció sobre la medida judicial que ordena el embargo de un inmueble de su propiedad, ubicado en la calle Moquegua 828, en la región Moquegua, valorizado en 100 mil soles. Vizcarra cuestionó la oportunidad y la forma en que se hizo pública la resolución.
El hermano del expresidente Martín Vizcarra sostuvo que su relación con la empresa C.M. Vizcarra concluyó en diciembre de 2016, mientras que las investigaciones por presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Ilabaya se iniciaron recién a fines de 2018. Según indicó, para entonces ya había dejado la empresa y trasladado su residencia a Lima.
Respecto al fondo del caso, explicó que una persona ajena a su familia alquiló maquinaria a la empresa para luego subarrendarla a la municipalidad, señalando que cualquier eventual sobrevaloración o irregularidad en ese proceso debe ser determinada por las autoridades judiciales. En ese sentido, negó haber sostenido reuniones con el entonces alcalde de Ilabaya o haber participado en decisiones vinculadas al contrato.
Vizcarra también denunció que, pese al tiempo transcurrido, nunca fue citado por la Fiscalía, ni siquiera para brindar sus generales de ley, lo que —afirmó— evidencia irregularidades en el desarrollo de la investigación.
Asimismo, cuestionó la notificación del embargo, señalando que la resolución consigna una supuesta comunicación realizada el 17 de enero, la cual —según dijo— nunca llegó a su domicilio ni a su casilla electrónica. Afirmó que la medida fue difundida recién con su llegada a Tacna, a través de la Procuraduría, lo que consideró un intento de generar impacto político.
Finalmente, el líder de Perú Primero sostuvo que la difusión del embargo no es casual y responde a un intento de afectar su campaña electoral, justo cuando recorre el sur del país y, según afirmó, registra un crecimiento en las encuestas. Recordó que, pese a que el alcalde involucrado cumplió 36 meses de prisión preventiva, hasta la fecha no existe una acusación formal en el caso Ilabaya. [Con información de Radio Uno]
