POR: JULIO FARFÁN VALVERDE (UNIDAD DE INVESTIGACIÓN – UDI)
La Unidad de Investigación (UDI) de Prensa Regional accedió a un nuevo documento oficial del Sistema Nacional de Control que refuerza de manera contundente las graves irregularidades detectadas por SERVIR en la Municipalidad Provincial de Ilo (MPI), vinculadas a la presunta reserva irregular de una plaza laboral que habría tenido como finalidad favorecer a la actual gerente municipal, Lía Salazar Suclle, funcionaria considerada de extrema confianza del alcalde provincial Humberto Tapia Garay, hechos que ya son materia de investigación en el Ministerio Público.
Se trata del Informe de Acción de Oficio Posterior N.º 001-2026-OCI/0445-AOP, emitido por la Contraloría General de la República el 23 de enero de 2026, apenas un día después de que Prensa Regional revelara que SERVIR había confirmado la existencia de irregularidades graves que podrían comprometer responsabilidades administrativas e incluso penales de autoridades municipales.
Tras la denuncia periodística publicada por Prensa Regional el 22 de enero de 2026, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios en Moquegua inició de oficio una investigación preliminar con la Carpeta Fiscal N.º 3706015500-2026-57-0, a cargo del fiscal Jorge Ricardo Romero Wiracocha. Al advertir la existencia de una investigación común en la Fiscalía de Ilo, el despacho dispuso la remisión de los actuados.
Actualmente, los hechos son investigados por el Primer Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa de Ilo, bajo la Carpeta Fiscal N.º 3706024500-2025-2216-0.
CONTRALORÍA CONFIRMA RESERVA DE PLAZA ILEGAL Y SIN SUSTENTO TÉCNICO
El informe de control es categórico al señalar que la reserva de plaza otorgada a la funcionaria fue ejecutada sin cumplir los requisitos legales, vulnerando normas del servicio civil y disposiciones administrativas vigentes.
El documento advierte que se emitieron resoluciones de alcaldía que dispusieron la reserva de plaza sin base legal, sin informes técnicos ni legales previos, sin participación de la asesoría jurídica institucional y sin la existencia de una licencia formal que permitiera la suspensión válida del vínculo laboral. Asimismo, se habrían otorgado beneficios laborales sin derecho legal reconocido. La Contraloría precisa que la reserva de plaza solo corresponde a servidores nombrados bajo regímenes específicos, condición que no habría sido cumplida en el caso investigado.
DECISIONES POLÍTICAS SIN CONTROL LEGAL PREVIO
El órgano de control advierte que las decisiones administrativas habrían sido adoptadas sin evaluación técnica ni legal interna, constituyendo una grave vulneración de los procedimientos administrativos obligatorios.
Además, se señala que las resoluciones municipales citaron informes técnicos previos —incluidos pronunciamientos de SERVIR— pero resolvieron en sentido contrario a dichas recomendaciones, lo que evidenciaría una actuación administrativa presuntamente deliberada y contraria a los principios de legalidad y control interno.
Diversas fuentes municipales y dirigentes sindicales habrían manifestado que las decisiones adoptadas dentro de la comuna se orientaron a mantener beneficios laborales a favor de la gerente municipal, situación que generó cuestionamientos internos respecto a la legalidad de los actos administrativos emitidos.
FUNCIONARIA DE EXTREMA CONFIANZA Y CUESTIONAMIENTOS INTERNOS
De acuerdo con información recogida por la Unidad de Investigación de Prensa Regional, Lía Salazar Suclle sería considerada una pieza clave dentro de la estructura de confianza directa del alcalde Humberto Tapia Garay.
Fuentes internas y representantes de los trabajadores municipales habrían cuestionado reiteradamente su permanencia en el cargo, señalando que su continuidad podría afectar la imagen institucional de la gestión edil. Incluso, dirigentes municipales habrían solicitado públicamente su retiro con el objetivo de preservar la credibilidad de la administración local.
No obstante, pese a los cuestionamientos internos y a los informes técnicos de los organismos de control, la funcionaria mantendría una posición de influencia que diversos actores municipales califican como inamovible dentro de la actual estructura de poder administrativo.
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y POSIBLES CONSECUENCIAS PENALES
El informe identifica presuntas responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados en la emisión y ejecución de actos administrativos contrarios a ley.
Desde el ámbito penal, los hechos descritos podrían configurar, de manera preliminar y sin prejuzgar responsabilidad, conductas que el Ministerio Público deberá evaluar dentro de la investigación en curso, tales como abuso de autoridad por la emisión de resoluciones contrarias a la normativa vigente, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, omisión de actos funcionales por la falta de informes técnicos y legales obligatorios, así como otros delitos contra la administración pública que pudieran determinarse conforme avance la investigación fiscal.
NUEVA EVIDENCIA CLAVE PARA LA INVESTIGACIÓN FISCAL
El informe de Contraloría se convierte en una pieza documental de alto valor probatorio al provenir del órgano técnico del Sistema Nacional de Control y contener hallazgos objetivos que ratifican lo previamente advertido por SERVIR.
Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, el informe aún no habría sido formalmente incorporado a la carpeta fiscal, situación que, de producirse, podría reforzar significativamente las líneas de investigación sobre las presuntas responsabilidades individuales del alcalde provincial Humberto Tapia Garay y de los funcionarios que participaron en la emisión de los actos administrativos cuestionados.
CASO SIGUE BAJO INVESTIGACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO
La Fiscalía deberá analizar ahora la convergencia de los informes de SERVIR y de Contraloría, ambos coincidentes en advertir irregularidades graves en la gestión de personal de la Municipalidad Provincial de Ilo.
El desarrollo de la investigación penal determinará si las decisiones administrativas adoptadas constituyen únicamente faltas administrativas o si configuran delitos contra la administración pública con responsabilidad penal individual para las autoridades y funcionarios involucrados.
