POR: JULIO CESAR FARFÁN VALVERDE (UDI – UNIDAD DE INVESTIGACIÓN)
El caso “Corrupción 4×4”, que investiga presuntas contrataciones irregulares de camionetas en el Gobierno Regional de Moquegua, vuelve a poner en cuestión la actuación del Ministerio Público.
El procurador anticorrupción Carlos Marcelo Ponce Arpasi solicitó la exclusión del fiscal Víctor Arturo Muñoz Leiva de la investigación, tras la presentación de evidencias por parte del Diario La Prensa Regional, a través de su Unidad de Investigación, que revelan omisiones, conflictos de interés y presunto encubrimiento en el desarrollo del proceso.
UN CASO PARALIZADO POR LA DESCONFIANZA
Han transcurrido más de dos años desde que la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Moquegua abrió la Carpeta Fiscal N.º 293-2023, conocida como el caso “Corrupción 4×4”.
Pese a la gravedad de los hechos y a las evidencias existentes, el proceso continúa prácticamente estancado, generando indignación y desconfianza ciudadana.
Las críticas apuntan directamente al fiscal Víctor Arturo Muñoz Leiva, titular del Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, cuya actuación es cuestionada por falta de impulso procesal, omisiones reiteradas y posibles vínculos personales que pondrían en duda su imparcialidad frente a la gobernadora regional de Moquegua, Gilia Gutiérrez Ayala, y otros investigados.
EVIDENCIAS ENTREGADAS AL PROCURADOR ANTICORRUPCIÓN
El 29 de agosto de 2025, Julio César Farfán Valverde, jefe de la Unidad de Investigación del Diario La Prensa Regional (UDI) y testigo citado en la investigación fiscal, acudió a la diligencia programada por el despacho del fiscal Víctor Muñoz Leiva.
Durante su declaración, hizo saber que contaba con audios y videos de alto valor probatorio, que evidenciarían presuntos intentos de silenciamiento a testigos e imputados vinculados al caso 4×4.
Sin embargo, debido a la falta de confianza y garantías de imparcialidad que ofrece la conducción del fiscal, optó por no entregar dichas pruebas directamente al despacho de Muñoz Leiva, sino remitirlas al Procurador Público Anticorrupción Descentralizado de Moquegua, Dr. Carlos Marcelo Ponce Arpasi.
La entrega se formalizó mediante un documento que solicitó expresamente la intervención del procurador y el apartamiento del fiscal Muñoz Leiva de la investigación, en resguardo de la transparencia y la objetividad del proceso.
En el escrito presentado se fundamentó que el fiscal, además de mostrar una conducta que podría interpretarse como blindaje a la gobernadora regional e imputados, mantendría un conflicto de intereses al convivir con la abogada Vanessa Salas Flores, ex trabajadora de la misma fiscalía y posteriormente asesora jurídica de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, institución que también se encuentra bajo investigación por presuntos actos de corrupción en despachos a cargo del propio fiscal.
CONFLICTO ÉTICO Y OMISIÓN EN LA DECLARACIÓN JURADA
De acuerdo con información corroborada por fuentes documentales y testimoniales, Muñoz Leiva mantendría desde 2023 una relación convivencial con la abogada Vanessa Salas Flores, la cual no fue declarada en su Declaración Jurada de Intereses, contraviniendo la Ley N.º 31227 y el Código de Ética de la Función Pública (Ley N.º 27815), que obligan a los funcionarios públicos a informar cualquier vínculo personal susceptible de generar conflicto de interés.
Durante el periodo comprendido entre 2023 y septiembre de 2025, Salas Flores se desempeñó en el Área de Asesoría Jurídica de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, mientras que Muñoz Leiva tenía a su cargo carpetas fiscales por corrupción de funcionarios de esa misma entidad.
Para juristas consultados por este medio, esta situación debió motivar el inmediato apartamiento del fiscal por razones de transparencia y probidad. No obstante, ello no ocurrió. Por el contrario, Muñoz Leiva continuó dirigiendo la investigación y, aun después de que el Ministerio Público tuvo conocimiento de las denuncias, persistió en requerir los audios y videos directamente a su despacho.
REQUERIMIENTO FISCAL QUE GENERA DESCONFIANZA
El 24 de septiembre de 2025, la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Moquegua – Tercer Despacho, emitió el Oficio N.º 1785-2025-MP-DFM-FPCEDCFM-3DE (293-2023), firmado por el fiscal Víctor Arturo Muñoz Leiva, y dirigido a Julio César Farfán Valverde.
En dicho documento, el fiscal exigió que, en un plazo de cinco días hábiles, se entreguen los audios, videos y demás evidencias referidas en la publicación periodística del 24 de junio del mismo año, así como toda la información mencionada durante la declaración ofrecida el 29 de agosto de 2025.
El requerimiento resulta contradictorio y preocupante, pues busca concentrar la totalidad de las pruebas en manos del mismo funcionario cuya imparcialidad está bajo cuestionamiento.
¿Cómo confiar la entrega de material sensible a quien ha sido señalado por falta de ética, conflicto de intereses y presunto encubrimiento?
DEMORAS Y REACCIÓN TARDÍA DEL MINISTERIO PÚBLICO
Desde la presentación formal ante la Procuraduría Anticorrupción el 29 de agosto, en la que se solicitó la intervención en la carpeta fiscal, no se adoptaron medidas inmediatas ni acciones efectivas.
Recién ahora, el Ministerio Público ha iniciado gestiones orientadas a simular diligencia institucional, ofreciendo la calidad de víctima y testigo al denunciante, Julio César Farfán Valverde, bajo el argumento de brindar protección, aunque en los hechos solo busca dar apariencia de respuesta frente a las denuncias públicas.
Asimismo, se dispuso la apertura de carpetas fiscales por obstrucción a la justicia y amenazas de muerte, pese a que tales hechos datan desde el año 2023, cuando las autoridades competentes no adoptaron ninguna medida efectiva.
Muy por el contrario, el Ministerio Público ha contribuido al blindaje y la dilación de la investigación principal por colusión agravada y otros delitos, prolongando injustificadamente un proceso que debía esclarecerse con celeridad.
PROCURADOR PIDE APARTAR A FISCAL MUÑOZ LEIVA
El Procurador Público Anticorrupción, Dr. Carlos Marcelo Ponce Arpasi, reconoció posteriormente que la limitada disponibilidad de personal en su despacho generó retrasos en la tramitación del pedido de apartamiento del fiscal Víctor Muñoz Leiva y de la documentación que incluía el audio entregado por el denunciante.
No obstante, el 14 de octubre de 2025, remitió un documento oficial al Ministerio Público, solicitando expresamente la exclusión del fiscal Víctor Muñoz Leiva del caso “Corrupción 4×4”, sustentando su pedido en: el escrito presentado por el Diario La Prensa Regional, las publicaciones periodísticas con evidencias verificables, y los hechos que evidencian la falta de probidad y transparencia en el accionar del fiscal, los cuales también se habrían replicado en las investigaciones seguidas contra la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, donde laboró su conviviente.
AMENAZAS Y FALTA DE GARANTÍAS
A lo largo de esta investigación, tanto Julio César Farfán Valverde, jefe de la Unidad de Investigación de La Prensa Regional, como otros testigos, han sido objeto de amenazas de muerte y hostigamientos, con el evidente propósito de silenciar las denuncias y obstruir la justicia.
Estas circunstancias, sumadas al blindaje institucional y la falta de transparencia en la conducción fiscal, refuerzan la decisión de no entregar directamente las pruebas al fiscal Muñoz Leiva, hasta que se garantice un proceso imparcial, seguro y bajo control de autoridades independientes.
El caso del fiscal Víctor Muñoz Leiva ya no representa únicamente un problema de inacción, sino una crisis ética dentro del sistema anticorrupción.
La omisión de declarar su convivencia, la persistencia en dirigir investigaciones donde existe conflicto de interés y su resistencia a apartarse voluntariamente del caso, ponen en entredicho los principios de transparencia y probidad que deben regir la función fiscal.
EXIGENCIA DE TRANSPARENCIA Y JUSTICIA
El caso “Corrupción 4×4” se ha convertido en un símbolo de cómo la justicia puede estancarse cuando quienes la conducen pierden su independencia moral.
La sociedad moqueguana tiene derecho a conocer la verdad y exige que las investigaciones se desarrollen con objetividad, sin blindajes ni intereses personales.
Desde la Unidad de Investigación del Diario La Prensa Regional, reafirmamos nuestro compromiso con la verdad, la justicia y la defensa del interés público.
Denunciar no es confrontar, es cumplir con un deber cívico.
Hoy, el Ministerio Público tiene la responsabilidad de decidir: si se mantiene del lado de la corrupción o asumir su verdadero rol como representante de la sociedad, defensor de la legalidad y de los derechos ciudadanos, investigando y persiguiendo los delitos en nombre del Estado, tal como manda la Constitución y la conciencia pública.
