POR: JULIO CÉSAR FARFÁN VALVERDE
UN NUEVO ATROPELLO CONTRA LA LIBERTAD DE PRENSA
En un hecho sin precedentes y que agrava aún más la crisis ética que atraviesa el Ministerio Público en Moquegua, el fiscal Víctor Arturo Muñoz Leyva, coordinador de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, remitió un oficio con carácter de “muy urgente” dirigido al periodista Julio César Farfán Valverde, en el que advierte que podría denunciarlo penalmente por el presunto delito de encubrimiento real, en lo que puede constituir una forma de amenaza o coacción al jefe de la Unidad de Investigación (UDI) de este medio de comunicación.
El documento, Oficio N.° 0651-2025-MP-DFM-FPCEDCFM-3DE (293-2023), fechado el 24 de octubre de 2025 y notificado el 29 de octubre al correo institucional del periodista, exige que, en un plazo de dos días hábiles, se entreguen al despacho fiscal los audios, videos y demás evidencias referidas en la publicación periodística del 24 de junio de 2025, donde se revelaron presuntos intentos de silenciamiento de testigos e imputados dentro del conocido caso “Corrupción 4×4”.
El caso Corrupción 4×4, abierto en 2023 bajo la carpeta fiscal N.° 293-2023, expuso una compleja red de colusión agravada, tráfico de influencias y direccionamiento de contrataciones en el Gobierno Regional de Moquegua, donde figuran involucrados la gobernadora Gilia Gutiérrez Ayala, su hermana Katherine Gutiérrez Ayala y su pareja Luis Yonathan Sanca Umiyauri, además de un grupo de funcionarios y empresarios vinculados mediante empresas fachada.
Pese a las abundantes evidencias y denuncias públicas, la investigación permanece paralizada por más de dos años, generando sospechas de blindaje y protección desde dentro del Ministerio Público, situación que ha sido ampliamente documentada por Prensa Regional en diversas entregas periodísticas.
UN FISCAL CUESTIONADO
Lo paradójico y escandaloso del hecho radica en que el mismo fiscal Muñoz Leyva, seriamente cuestionado por posible conflicto de intereses, omisiones y presunto encubrimiento a los implicados, sea quien ahora pretenda criminalizar la labor periodística de quien denunció precisamente esas irregularidades.
Ante la falta de garantías, el periodista Julio César Farfán Valverde, en su calidad de testigo formalmente citado en la investigación, decidió no entregar directamente las evidencias al fiscal Muñoz Leiva, debido a la falta de confianza e imparcialidad. Por este hecho ahora lo vuelve a notificar bajo apercebimiento de ser denunciado, lo que puede constituir un acto de intimidación o amenaza hacia la prensa.
EVIDENCIAS EN MANOS DEL PROCURADOR ANTICORRUPCIÓN
En su lugar, y de forma totalmente transparente, la Unidad de Investigación de este Diario, remitió los audios al Procurador Público Anticorrupción Descentralizado de Moquegua, Dr. Carlos Marcelo Ponce Arpasi, el 29 de agosto de 2025, solicitando además la exclusión del fiscal Muñoz Leyva del caso.
Las pruebas entregadas —documento con cargo oficial emitido por la Procuraduría— evidencian ofrecimientos de contratos de camionetas 4×4 a testigos clave del caso, a pocos días de estar citados a declarar ante la Fiscalía. Hechos que podrían comprometer gravemente la integridad del proceso penal y revelar una presunta red de obstrucción a la justicia.
A pesar de ello, el fiscal Muñoz Leiva no impulsó diligencia alguna y, por el contrario, ha desplegado una conducta que puede ser interpretada como hostigamiento o presión directa contra el periodista denunciante.
AMENAZA BAJO EL ARGUMENTO DE “ENCUBRIMIENTO REAL”
El oficio remitido por Muñoz Leyva advierte que, si las pruebas no son entregadas en el plazo exigido, el periodista será denunciado penalmente por la presunta comisión del delito de encubrimiento real, previsto en el artículo 405° del Código Penal.
Tal pretensión, además de abusiva y desproporcionada, carece de fundamento jurídico, pues los periodistas no están obligados a entregar material de investigación a un funcionario cuya objetividad está cuestionada, máxime cuando las pruebas ya fueron remitidas oficialmente a una autoridad anticorrupción competente.
Juristas consultados por este medio señalaron que esta actuación podría configurar un abuso de autoridad o una persecución indebida, dado que un fiscal no tiene competencia para intimidar a un periodista por ejercer su función informativa, ni por resguardar la integridad de las fuentes y evidencias bajo custodia legítima.
BLINDAJE Y LA DESCONFIANZA
Las investigaciones de Prensa Regional ya habían alertado sobre los vínculos personales del fiscal Muñoz Leiva con la abogada Vanessa Salas Flores, ex trabajadora de la misma Fiscalía y posteriormente asesora jurídica de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto —institución que también enfrenta procesos por corrupción dirigidos por el propio fiscal—.
Dicha relación convivencial no habría sido declarada en su Declaración Jurada de Intereses, lo que contraviene la Ley N.° 31227 y el Código de Ética de la Función Pública, generando un evidente conflicto de interés que debió motivar su inmediato apartamiento.
Sin embargo, lejos de ello, el fiscal continúa al frente de la investigación del caso “Corrupción 4×4”, dirigiendo las diligencias y emitiendo disposiciones que han sido interpretadas como actos de presión contra quienes impulsaron las denuncias desde el periodismo de investigación en Prensa Regional.
HOSTIGAMIENTOS, AMENAZAS Y SILENCIO INSTITUCIONAL
Desde el inicio de esta investigación, tanto Julio César Farfán Valverde como otros testigos han reportado amenazas y hostigamientos, orientados a silenciar las denuncias sobre corrupción y manipulación fiscal.
Hasta la fecha, el Ministerio Público no ha adoptado medidas de protección efectivas y oportunas, y a más de dos años de iniciada la investigación, no se observan avances significativos en las imputaciones principales por presunta colusión agravada y otros delitos contra el Estado.
Por el contrario, la respuesta institucional ha consistido en amedrentamientos contra la prensa, intentos de criminalizar denuncias periodísticas y acciones que podrían interpretarse como persecución a quienes exigen transparencia y justicia.
PRENSA REGIONAL REAFIRMA SU COMPROMISO CON LA VERDAD
El Diario Prensa Regional expresa su profunda preocupación ante esta nueva amenaza y rechaza enérgicamente cualquier intento de intimidación o censura contra el periodismo de investigación.
La actuación del fiscal Víctor Muñoz Leiva constituye, en opinión de este medio, una afrenta directa a la libertad de prensa, al deber de fiscalización ciudadana y a los principios de transparencia que debe representar el Ministerio Público.
Como medio de comunicación, reiteramos nuestro compromiso con la verdad, la defensa del interés público y la lucha frontal contra la corrupción, caiga quien caiga, pese a los intentos de silenciar nuestras investigaciones.
La ciudadanía tiene derecho a saber, y Prensa Regional no se callará ante el poder ni ante la impunidad.
