La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Paucarpata dispuso abrir investigación preliminar por 90 días contra el gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, y tres altos funcionarios del Gobierno Regional de Arequipa (GRA), por presunta omisión de actos funcionales en relación al proyecto minero Tía María.
Esta investigación responde a una denuncia presentada por Fulgencio Ruiz Herrera por supuestos incumplimientos funcionales en la administración de terrenos vinculados a Southern Perú en la provincia de Islay.
La disposición fiscal está fechada el 24 de abril de 2025 y fue notificada al denunciante el 7 de mayo. Las diligencias serán ejecutadas en coordinación con la Policía Nacional del Perú.
FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS
Además de Rohel Sánchez, se investiga a la (ex) gerente general regional Norma Mamani Coyla, al jefe de Planeamiento y Presupuesto Víctor Hugo Quispe Rodríguez, y a la jefa de Ordenamiento Territorial María Torres Tejada.
“Los hechos denunciados están relacionados con omisiones respecto a la inscripción de servidumbres, ocupación indebida de terrenos y falta de recuperación de predios”, señala la disposición.
Los investigados deberán rendir su declaración ante la Policía Nacional en presencia de su defensa legal. También se ha solicitado la declaración del procurador del GRA.
DILIGENCIAS EN MARCHA
La Fiscalía ha ordenado diversas actuaciones, entre ellas que Southern Perú Cooper Corporation informe sobre el cumplimiento de sus obligaciones contractuales respecto al uso de terrenos en el área del proyecto Tía María, así como el pago de tributos, inscripción de servidumbres y respeto a la zonificación ecológica.
El Ministerio Público también ha requerido al GRA copias certificadas del expediente administrativo de concesión provisional, incluyendo las partidas registrales vinculadas al proyecto, e información actualizada sobre las acciones realizadas al respecto.
ENCARGO POLICIAL
Las diligencias estarán a cargo de la Comisaría de Apoyo al Ministerio Público por un periodo de 80 días. El informe policial final deberá presentarse tres días antes del vencimiento del plazo, bajo responsabilidad funcional.
Con ello, según la carpeta fiscal, se busca esclarecer si existió una omisión deliberada en el cumplimiento de normas y si hubo perjuicio al Estado o a terceros.
El caso se origina en la denuncia de marzo de 2025, donde se acusa a los funcionarios de inacción frente a la ocupación de terrenos y la omisión de inscribir servidumbres a favor de Southern Perú.
