El subgerente de Gestión Ambiental de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, Carlos Santos, denunció una serie de presuntas irregularidades durante la audiencia pública del proyecto minero Katy, realizada en el sector de Titire, distrito de Carumas, así como un supuesto uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional que, según indicó, vulneró sus derechos como funcionario y ciudadano.
CUMPLÍA FUNCIONES
Santos explicó que su participación en la audiencia respondió al cumplimiento de sus funciones, dado que el proyecto se ubica dentro de la jurisdicción provincial. “Nosotros hemos participado de esta audiencia en cumplimiento de nuestras funciones”, señaló, precisando que su labor incluye garantizar el uso sostenible de los recursos naturales y revisar el estudio de impacto ambiental.
ADVIERTE VICIOS
El funcionario cuestionó el desarrollo del proceso conducido por el Senace, al advertir la existencia de “falta de rigor técnico” y “faltas administrativas” que, a su juicio, configurarían vicios que invalidarían la audiencia. “Esta audiencia no estaría cumpliendo lo que la normativa exige”, afirmó.
EXCESO POLICIAL
En ese contexto, relató que intentó intervenir solicitando el uso de la palabra para formular observaciones de orden, pero no fue escuchado. Al acercarse a la mesa directiva, denunció que efectivos policiales intervinieron de manera desproporcionada. “Ha aparecido la policía y ha excedido… no era necesario ese empujón”, indicó, asegurando que esta acción vulneró su derecho a la participación.
RECHAZO DE INTREGRAR MESA
Asimismo, sostuvo que existió presión para que se integrara a la mesa directiva, lo cual rechazó al considerar que ello implicaría validar un proceso que, según dijo, presentaba irregularidades. “¿Cómo me voy a sentar en una mesa directiva si tengo los vicios identificados?”, cuestionó.
INCONSISTENCIAS EN AUTORIZACIÓN
Santos también advirtió presuntas inconsistencias en el origen del proyecto, señalando que la autorización inicial para exploración habría sido otorgada por una entidad sin competencia territorial. Además, mencionó observaciones técnicas relacionadas al uso de recursos hídricos sin acreditación formal de la Autoridad Nacional del Agua.
ABUSO DE AUTORIDAD
El subgerente calificó lo ocurrido como un “abuso de autoridad” y anunció que iniciará acciones legales tanto a nivel institucional como personal. “Yo como ciudadano también tengo derecho de proceder ante la inspectoría y la fiscalía y sí lo voy a hacer”, declaró, añadiendo que elaborará un informe técnico detallado que será elevado a las instancias correspondientes de la municipalidad.
CONDICIONES INADECUADAS
Finalmente, expresó su preocupación por las condiciones en las que se desarrolló la audiencia, señalando la falta de garantías, deficiencias logísticas y limitaciones a la participación. “En todo momento no ha habido las garantías correspondientes que requiere una audiencia pública”, concluyó.
