POR: VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS   

Esta última semana, el Tribunal Constitucional resolvió sobre una demanda competencial interpuesta por el Poder Ejecutivo contra el Ministerio Público y el Poder Judicial, argumentando que se vienen afectando las atribuciones presidenciales y un manifiesto maltrato a la “dignidad” del cargo. Lo que ha sido recogido por la instancia constitucional, acentuando en exceso el blindaje presidencial y que, en casos extremos, sumamente acotados, pudiera ser investigado. Ya nada nos sorprende del Tribunal.

Bajo este marco, es necesario entender que el más alto cargo del país lo tiene el presidente de la República. No solo dirige la política general de gobierno, es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policiales, dirige la política exterior y, por obvias razones, tiene información excepcional, incluso de seguridad nacional; lo que implica ponerlo a buen recaudo cuando cesa en la función. De allí los privilegios —incluso sueldo de congresista a perpetuidad, que no compartimos—.

De un tiempo a hoy, cuasi todos nuestros ex jefes de Estado confrontan graves problemas con la justicia: unos con sentencia condenatoria, otros como procesados, algunos con detención domiciliaria y las perspectivas colocan a nuestra actual mandataria en ese mismo destino.

Quienes están privados de su libertad están sufriendo carcelería en el penal de Barbadillo, dentro de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes). Habilitado tras la extradición de Alberto Fujimori, concebido con el carácter de temporal en tanto se construía un recinto especial, hoy es un establecimiento penal regular y especial, bajo la autoridad del INPE, entidad adscrita al Ministerio de Justicia.

Bajo este contexto, recientemente se ha dispuesto, con el informe de una nueva Junta Técnica de Clasificación, la reubicación del expresidente Vizcarra del penal de Barbadillo al E.P. Ancón II, bajo un incomprensible argumento “como medida de seguridad”.

Se promociona como un gesto de indulgencia porque supuestamente le correspondía el E.P. de Lurigancho, como consecuencia de anularse la clasificación original que le otorgó al exmandatario “un puntaje de 10, que no permite ubicarlo en Barbadillo”. Que se sepa, este tecnicismo no se exigió ni publicitó en otros casos.

No hay que ser un especialista en materia penitenciaria; hasta el sentido común auxilia de sobremanera. La situación de Pedro Castillo es la de procesado, en la que se encuentran Martín Vizcarra, Alejandro Toledo y Ollanta Humala: están en la condición de procesados y, a su vez, condenados, porque son diversos sus procesos.

En ninguno de los otros casos se expusieron parámetros o condicionamientos que pudieran forzar una determinación sobre el lugar de su privación de libertad. Y si bien hay una débil regulación para estos casos excepcionales, la decisión siempre fue conservadora, cuidando la figura de los expresidentes.

La alegación de que los hechos acontecieron cuando Vizcarra era gobernador regional no le quita el cargo presidencial que ostentó. Por donde se lo mire, es un claro abuso y decisión arbitraria. Aun en ese escenario excepcional de expresidentes, se viene dando un tratamiento discriminatorio y abusivo.

Es innegable el posicionamiento político público de Martín Vizcarra, pese a sus inhabilitaciones, que hace pasar por irrelevantes distintas candidaturas presidenciales. Es decir, sacarlo del foco de atención permitiría que estas alumbren hacia otros actores, propio de la indigencia política.

Pero también responde a un manifiesto revanchismo, de un sector político aún dolido por el cierre del Congreso y que busca colocar en evidencia pública su grave deslegitimidad —ese sector político que manipula desde la sombra a la marioneta que tenemos como presidenta—.

No podemos tampoco pasar por alto que, en la oportunidad en que se ha dado esta decisión penitenciaria, perfectamente distrae la atención pública, pues ya tenemos un nuevo tema en la agenda, dejando a buen recaudo los crónicos contrastes con el gobierno. Y es, pues, una forma de mostrarle al país quién manda y qué es lo que puede o no hacer: un mensaje de prepotencia confundido con arrogancia, que no podemos pasar por alto.

No se trata de una decisión propia del INPE. Es evidente que se trata de una decisión política y de los más altos niveles de Gobierno. No podemos leerla reducida al caso concreto, sino como manifestación clara de la arbitrariedad con que se vienen conduciendo los destinos del país.

Prescripción, amnistía, la vuelta de Santiváñez al Gabinete pese a su censura, son decisiones propias de una sistemática actitud política de salvaguardar intereses particulares, relegando el desarrollo del país y el bienestar ciudadano. Nuestra institucionalidad, a la deriva.