POR: VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
“El 40% del canon minero irá directamente para el pueblo…ineficiencia de los gobiernos regionales”, es uno de los postulados en esta última campaña electoral y que ha despertado diversas y contrastadas opiniones. Desde una perspectiva social, y en momentos de crisis económica por los efectos de la pandemia, ¿quién no quisiera recursos, pero alcanza a coberturar a todos?
Desde una perspectiva institucional, qué impacto tiene en los presupuestos de la administración regional o municipal, en los que constituye su principal fuente de financiamiento para sus programas de inversiones. Desde una perspectiva coyuntural, particularmente los precios de minerales, se han elevado considerablemente, lo que implica mayor recaudación para el Estado, pero también mayor utilidad para las empresas.
El Canon, de acuerdo a la enmarcación legal puede ser minero, gasífero, pesquero, hidroenergético o forestal, constituido por un porcentaje del impuesto a la renta y otros, que recauda el Estado y que a su vez es redistribuido entre los gobiernos regionales y locales, como área de influencia donde se explotan los recursos naturales. También existe el canon y sobrecanon petrolero. Veamos el canon minero y su contexto.
Los gobiernos Regionales o locales, no gastan y si lo hacen, lo gastan mal; más aún con graves sombras de corrupción. Empecemos por lo último, innegable que hay elevados grados de corrupción, en todos los niveles de gobierno -incluido el gobierno central, no son pocos los presidentes con proceso penal en curso-; uno de los argumentos para aprobar la ley de no reelección de gobernadores y alcaldes, fueron los reiterados casos de corrupción. Es un problema estructural del país, a cuya lucha no debemos renunciar, constituida en política pública.
Los recursos de canon se entregan con retraso, aunque en estos dos últimos años, vía adelantos, se entregan desde enero, pero lo cierto es que tratándose de impuesto a la renta, se liquida en marzo de cada año y se transfería entre junio o julio, es decir a mitad de año, y las estadísticas financieras del año, no dicen que se les exigió un gasto de doce meses cuando realmente tenían cinco para hacerlo; más aún, si no hay certificación presupuestal no hay obra. Es decir, ni se gasta ni se ejecuta la obra pública, porque el sistema lo entrampaba.
Un caso muy singular es el de las universidades públicas en las regiones mineras, que por disposición legal del 25% que reciben los gobiernos regionales, deberán transferirles el 20 % de dicho canon. Y años tras año fueron acumulándose esos recursos, que generó fuertes críticas sobre las autoridades universitarias; sin embargo, el propio marco legal les impedía gastar, dado a que se facultaba a realizar inversiones en la mejora de infraestructura y otros, pero la misma ley limitaba su disposición; para el caso de estudios y formulación de expedientes técnicos, se les exigía que estos se sustenten con gasto corriente, que era lo que menos tenían. Y si no hay expediente técnico no hay obra, como ocurría. Se dio la corrección a la norma, hoy se perciben avances importantes en equipamiento, tecnología, infraestructura, etc. que le ha permitido a la universidad pública dar un gran salto en su consolidación académica-institucional.
Los ingresos municipales o regionales, son reducidos e insuficientes, no cobertura sus gastos administrativos, sus gastos corrientes, requiriendo necesariamente de transferencias del gobierno nacional; si a los Municipios dejan de transferirles Foncomún, se encienden las alarmas, no hay una cultura ciudadana del pago del impuesto predial y servicios públicos. En las circunstancias actuales, el gobierno nacional tuvo que transferir mayores recursos y flexibilizar el uso del canon.
Si a ello le agregamos una restricción en los recursos de canon minero, esto tendrá un grave impacto en mayores obras públicas, que no sólo significa mejores servicios o calidad de vida para los vecinos, sino oportunidades laborales. Somos parte de un país centralizado, donde la gran empresa o industria se instala en las grandes ciudades, las instancias públicas cumplen también una importante labor social.
Los tiempos que compartimos, exigen una actitud solidaria y comprometida de todos los sectores, incluido el privado. En economías grandes se evidencia una reacción macro con un “Estado interventor”, con mayor inversión pública y oportunos programas sociales, se discute revisar el marco impositivo a quienes más tienen.
No es distante a esa realidad la posibilidad cierta de empezar a revisar y mejorar el régimen tributario de esas actividades productivas, si bien son la que más contribuyen al erario nacional también son las que más rentabilizan. De la propuesta inicial de distribuir parte del canon en la población, que no profundizó en el detalle, ¿queda la lectura que se restará el canon a los gobiernos subnacionales, y si giramos la mirada y la dirigimos a la propia empresa productora? Las circunstancias exigen alternativas y revisar escenarios.
El canon minero, siempre ha generado polémica. No todas las regiones o municipalidades lo perciben, y en esa misma lógica, no todos los ciudadanos serian sus beneficiarios, de prosperar la propuesta. Colocado el tema del canon en el debate público, que se constituya en prioridad de la agenda política su revisión, pero bajo temas específicos.
Revisar los procesos de contratación, fortalecer los mecanismos de control, eficiencia de las inversiones, transparentar su uso, oportunidad de las transferencias, fondos concursables, ampliar la cobertura para todas las universidades públicas cualquiera sea su ubicación, tanto más.
Considero urgente atención en reactivar y reimpulsar los planes de desarrollo estratégico concertado, bastante venido a menos, para que las inversiones trasciendan a las autoridades y sean verdaderos proyectos de desarrollo sostenible, cerrando las graves brechas sociales que la pandemia ha desnudado.
