En sesión extraordinaria de Concejo de la Municipalidad Provincial de Islay realizada ayer en Mollendo, se acordó por mayoría, que los regidores: Erika Saba Casapía, Sachi Ojeda Arakaki y Giovanni Benavente Paredes, serán los representantes del Concejo para formar parte de la comisión de veeduría que recomendó el gobierno, a efectos de vigilar los procesos de adquisición y entrega de las canastas familiares en favor de la población vulnerable de Mollendo, afectada por la crisis en el estado de emergencia por el Covid-19.

POSICIÓN DE REGIDORAS

Cabe indicar que este acuerdo se produjo luego de un extenso debate y planteamientos divergentes de la mayoría del gobierno municipal y dos regidoras de oposición, Martha Canqui y Zulema Quispe, quienes manifestaron, su posición en ese sentido, señalando que no se oponían a la conformación de dicho comité de vigilancia o veeduría, sino que debía considerarse además en la sesión de Concejo, la creación de una comisión de fiscalización, tal como lo solicitaron en sendas cartas y documentos dirigidos al alcalde Edgar Rivera desde el 9 de marzo. Por todo ello, su voto no fue de oposición, sino “singular”.

Cabe recordar que en su momento, las regidoras rechazaron la Resolución de Alcaldía Nº 067-2020-MPI que las designaba como integrantes de la comisión de veeduría junto al regidor Benavente, calificando al documento como ilegal.

NO SE RECORTAN FUNCIONES DE FISCALIZACIÓN

Luego, en la sesión de Concejo, el alcalde Rivera invitó a hacer uso de la palabra al abogado Luis Concha, quien manifestó que la función de fiscalización de los regidores en general no están suspendidas y les es inherente a su cargo, por lo que pueden ejercerla en cualquier momento por lo que no sería necesaria la creación de una comisión de fiscalización.

• DATOS:

Los tres regidores designados serán parte de la comisión de veeduría que además la integran al menos un representante, de la sociedad civil y otro de la iglesia católica, personajes cuyos nombres se conocerán en las siguientes horas.