Por: Arnulfo Benavente Diaz
El año 2025 marcó un capítulo significativo en la evolución de la Constitución Política del Perú, con varias modificaciones que han generado amplios debates sobre el rumbo institucional del país. Mientras algunas reformas buscan actualizar términos y reconocer poblaciones históricamente invisibilizadas, otras han suscitado preocupaciones sobre la independencia de poderes y la protección de derechos humanos. Hasta enero de 2026, no se han registrado cambios adicionales, pero el año se perfila como clave para la consolidación o revisión de estas medidas.
La reforma más polémica del año fue la modificación del artículo 93, que reintrodujo la inmunidad parlamentaria para delitos comunes. Aprobada en junio, la medida restablece una prerrogativa eliminada en 2021, estableciendo que congresistas, magistrados del Tribunal Constitucional y vocales de la Corte Suprema no pueden ser investigados o detenidos sin autorización previa del Congreso, salvo en casos flagrantes. Los proponentes argumentan que protege la independencia del Poder Legislativo y Judicial, mientras que críticos alertan sobre riesgos de impunidad y retroceso en la lucha contra la corrupción. Esta enmienda espera su ratificación por la nueva legislatura que será elegida en abril de 2026.
En materia de inclusión, las leyes 32188 y 32189 (con vigencia en 2025) actualizaron términos y reconocimientos constitucionales. La primera modificó los artículos 7 y 23, reemplazando la expresión «persona incapacitada» por «persona con discapacidad» para eliminar estigmas y reforzar el respeto a su dignidad. La segunda reconoció oficialmente al pueblo afroperuano, visibilizando su aporte a la historia y cultura nacional.
Otra medida que generó debate fue la restitución de la firma de Alberto Fujimori en la Constitución de 1993, mediante la Ley 32265. La iniciativa, que derogó una norma de 2001, fue justificada por promotores como una forma de «salvaguardar la memoria histórica», aunque críticos la vinculan a un régimen asociado a violaciones de derechos humanos y corrupción.
Además, en octubre se aprobó en primera votación una reforma que modifica los artículos 35, 191 y 194, permitiendo la reelección inmediata por un periodo adicional para autoridades regionales y locales, y eliminando a los movimientos regionales como formas de organización política. La medida requiere segunda votación en la próxima legislatura.
Con el inicio de 2026, el foco se centra en la implementación de las reformas aprobadas y en los procesos de ratificación pendientes. La enmienda al artículo 93 dependerá de la voluntad de la nueva bancada congresal, mientras que la reforma sobre reelección regional y local deberá superar una segunda votación para entrar en vigencia.
Expertos en derecho constitucional señalan que la aplicación efectiva de estas medidas será crucial para evaluar su impacto en la gobernabilidad y la equidad en el país. Asimismo, se espera que la nueva legislatura aborde temas pendientes como la regulación de la pequeña minería y la consolidación de políticas de inclusión.
