POR: ARNULFO BENAVENTE DÍAZ
La reforma constitucional puede ser un instrumento importante para promover el desarrollo y la industrialización del Perú. Aunque la Constitución de 1993 ha contribuido al crecimiento económico, algunos de sus aspectos no están alineados con los desafíos actuales, como la necesidad de mayor intervención del Estado en infraestructura, investigación, desarrollo y protección de los recursos naturales para beneficio de la población. También es posible introducir cambios que mejoren el entorno de inversión, fortalezcan la protección de la propiedad intelectual, combatan monopolios y oligopolios y promuevan la competencia en el mercado, lo que favorecería el desarrollo de la industria.
Asimismo, una reforma podría ampliar los mecanismos de participación ciudadana en la toma de decisiones políticas y económicas, generando políticas más inclusivas y orientadas al desarrollo sostenible. Toda modificación constitucional debe garantizar la estabilidad institucional y el respeto por el Estado de derecho, ya que la incertidumbre política puede afectar la inversión y el crecimiento económico. Para ser efectiva, requiere un consenso político amplio; de lo contrario, podría generar más divisiones y conflictos. Incluso si se aprueban cambios, es fundamental asegurar su implementación mediante políticas públicas adecuadas y el funcionamiento correcto de las instituciones.
Existe la posibilidad de guerra civil en Perú si no hay un cambio constitucional. La alta polarización política de los últimos años ha generado tensiones y conflictos entre diferentes sectores de la sociedad. La desigualdad social, con una amplia brecha entre ricos y pobres, produce descontento y resentimiento que, en algunos casos, puede derivar en violencia. A ello se suma la inseguridad ciudadana, con índices elevados de delincuencia y crimen organizado, que generan miedo, desconfianza y fuertes tensiones sociales.
A pesar de este escenario, el país cuenta con instituciones democráticas como el Congreso, el Poder Judicial y el sistema electoral, capaces de canalizar los conflictos por vías pacíficas. La mayoría de la población apuesta por soluciones pacíficas y respeta el Estado de derecho. Por ello, es importante abordar los problemas nacionales mediante mecanismos democráticos y buscar un consenso político amplio que permita implementar políticas orientadas al desarrollo sostenible y a la inclusión social.
