Para no creer, en pleno siglo XXI, en un Gobierno Municipal del Frente Amplio por JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD, del distrito de Cocachacra, del actual período edil 2019 – 2022, hay una veintena de trabajadores que, no obstante estar laborando, no se les paga varios meses sus remuneraciones, ni se les respeta sus derechos laborales, tampoco se les otorga los beneficios sociales, porque así lo han decidido abusiva e injustamente, el alcalde y sus ineptos funcionarios, amparándose en viles leguleyadas y cínicos pretextos.
MEDIDA CAUTELAR JUDICIAL
Dicho personal, mayormente obreros y obreras, venían trabajando desde la anterior administración edil, también del Frente Amplio por JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD, siendo arbitraria y antilaboralmente, despedidos por el actual alcalde. Por lo que interpusieron sus acciones judiciales, obteniendo Medidas Cautelares de reposición en el trabajo, de los referidos servidores civiles (los procesos siguen hasta obtener sentencias en las instancias respectivas); mientras tanto, el juez de Mollendo dictó Medidas Cautelares, las cuales han sido acatadas –a regañadientes-, pero, no se les paga sus sueldos, so pretexto de que no tienen presupuesto; que han solicitado incremento de recursos al Ministerio de Economía y Finanzas sin conseguirlo; a lo que el MEF les ha respondido, que solo se cumplen las decisiones judiciales si son dictadas en última y definitiva instancia y que no hay regulación para el pago de medidas cautelares, etc.
LA MALDITA ESTRATAGEMA DE ESPERAR EL FIN DE LOS JUICIOS
Por lo tanto, el inhumano alcalde y sus perversos funcionarios, para ver si cumplen o no con las resoluciones de los jueces, van a esperar a que terminen los procesos –los mismos se demoran años de años-, por la interposición de oposiciones, nulidades, recursos de apelaciones (en algunos casos demandan nulidad de cosa juzgada fraudulenta, para alargarlos por décadas), luego recursos extraordinarios de casaciones, con ello, logran que los expedientes se vayan a Lima. Haciendo que pasen los cuatro años de gestión (les falta dos años y medio), y dejarle el problema a la siguiente gestión del 2023 – 2026. Y, todas estas articulaciones recursales, lo practican con abogados inescrupulosos, pagándoles con dinero de la propia municipalidad, que son dineros de los cocachacrinos, para perpetrar abusos, contra gentes humildes del propio pueblo.
EL ESTADO NO FUNCIONA PARA LOS POBRES
Las víctimas de la prepotencia de la autoridad y funcionarios ediles, han acudido al mismo juez que ve la causa, no hace respetar su propia resolución; al fiscal Penal, en denuncia por resistencia a la autoridad, no actúa; a la Defensoría del Pueblo, no sirvió de nada; a la SUNAFIL, perdida en actos burocráticos inefectivos; a la prensa, uno que otro medio acoge su increíble situación, los demás se hacen de la vista gorda; a los regidores, consejeros y congresistas, les gana la indiferencia; a los defensores de la JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD, ¡NADA!
BONO SOLIDARIO MONETARIO
El Gobierno Nacional, ante la global y temible pandemia del coronavirus (COVID-19) con buen criterio, está entregando bonos solidarios monetarios: a la población en pobreza y extrema pobreza; a trabajadores independientes (informales); a las familias que no están en planillas; a los de Pensión 65, discapacidad severa; hogares rurales; destinó presupuesto a las municipalidades para adquisición de alimentos (Canastas Básicas Familiares – CBF), orientado a la población en situación de vulnerabilidad. En cuanto a los trabajadores formales, el Poder Ejecutivo ha emitido normas, para el retiro de fondos de las AFP, licencia recuperable con goce de remuneraciones (trabajadores vulnerables al COVID-19: mayores de 65 años, los que tengan alguna comorbilidad), trabajo remoto, modificación de horarios de trabajo, etc.
BONO PARA LOS TRABAJADORES SIN PAGOS
En esta línea de acción gubernamental, es justo, necesario y oportuno que, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, expidan leyes y decretos, respectivamente, de atención con bono monetario, incluso con carácter reembolsable por las entidades públicas y privadas a las que pertenecen, para los trabajadores sin pagos de todo el país, que estén en el mismo caso de la Municipalidad Distrital de Cocachacra. Es una propuesta razonable, justa y viable.