POR: ABOGADO CÉSAR MARÍN CÁCERES
La presidenta Dina Boluarte ante el anuncio de una nueva “Toma de Lima” ha dicho “¿cuántas muertes más quieren?”, lo cual viene a constituir una amenaza e intimidación para ejercer un derecho que tiene la ciudadanía para protestar, con lo que se demuestra que su gobierno es autoritario, que se basa en la fuerza de las armas y no en la legitimidad social, sin tomar en cuenta que solo se debe hacer uso de las armas en caso de legítima defensa cuando está en peligro la vida.
¿Cuántas muertes más quieren?, contradice lo que Boluarte declara ante la Fiscalía de la Nación, en donde señala que no tiene responsabilidad y señala como autores a los miembros de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas por las víctimas en las protestas.
Parece que el grupo de diez constitucionalistas que ha nombrado la presidenta Dina Boluarte no le está orientando bien. Boluarte, formó un grupo consultivo para que le oriente en materia constitucional, grupo que lo preside Ernesto Blume, además está conformado por Óscar Urviola, Jorge Arce, José Luis Sardón de Taboada, Ernesto Álvarez, Alberto Borea, Víctor García Toma, Carlos Hakansson, Elizabeth Zea y Aníbal Quiroga, quien renunció recientemente.
Así como la presidenta nombra una comisión de constitucionalistas, la ciudadanía puede formar otro grupo de diez constitucionalistas que sea más transparente; pues podemos demostrar que algunos constitucionalistas que conforman dicha comisión opinan de acuerdo a las circunstancias. Por ejemplo, cuando Martín Vizcarra disolvió el Congreso, Aníbal Quiroga declaró en RPP que no procedía la disolución porque eran dos gobiernos diferentes, un gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y otro de Martín Vizcarra. Para nosotros no es que sean dos gobiernos, era un gobierno elegido del 2016 al 2021 y que un gabinete Zavala al que no se le dio la confianza en el gobierno de PPK y el otro de Salvador Del Solar en el gobierno de Martín Vizcarra, tácitamente le habían negado la confianza por lo tanto sí procedía la disolución del Congreso. Luego el Tribunal Constitucional ratificó que sí procedía la disolución al resolver sobre la contienda de competencia.
Boluarte ha dicho que se quedará hasta julio del 2026, que el adelanto de elecciones está cerrado, pero se contradice ya que en el fulgor de las protestas expresó públicamente su voluntad de acortar su mandato como respuesta a la crisis política. Así con el apoyo de la mayoría del Congreso tratarán de subsistir hasta el 28 de julio del 2026.