POR: VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Finalmente, se pronunció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al hacer público su informe sobre la situación de los derechos humanos en el Perú́, fue notificado al gobierno peruano oportunamente, para su revisión y respectivas observaciones; pero también en sus 296 puntos y 36 recomendaciones, se evidencia un levantamiento de información in situ, de instancias públicas y privadas, en particular de la Defensoría del Pueblo.
Y no podía dejar de pronunciarse, porque como Estado somos integrantes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos al hacernos parte de la «Convención Americana sobre Derechos Humanos», al aprobarla por el Decreto Ley 22231, del 11 de julio de 1978 y ratificada el 28 de julio de 1978, sistema que nos propone dos órganos principales la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; del primero-la Corte- también como hoy, ayer se elevaron voces críticas exigiendo nuestro retiro, alegando menoscabo a nuestras instituciones rectoras, acababa de ser corregido el Tribunal Constitucional por disponer la “inmediata libertad” de Alberto Fujimori en restitución del indulto humanitario; del segundo, que aparentemente pasaba inadvertida-la Comisión-por ejercer su irrenunciable función de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos.
La defensa de los derechos humanos, acorde con la evolución de las sociedades y la crudeza de sus realidades, reclama acciones, decisiones pertinentes y oportunas. Fue muy alto el precio que pagamos por el cerrado principio de “no intervención” porque a su nombre se ejecutaron los más graves crímenes de lesa humanidad, por ello el mundo contemporáneo asumió sin reparo “la intervención humanitaria” y la relativización de la soberanía de los Estados. Qué sentido, tendría ser parte de órganos supranacionales protectores de los derechos humanos, celebrar indistintos tratados y que finalmente quede al albedrio de los Estados su cumplimiento.
El tiempo va dando respuestas, en una inusual decisión el gobierno de Dina Boluarte retiro la candidatura de Julissa Mantilla, dejando en desamparo su continuidad como comisionada, un arrebato injustificado, pues por norma los comisionados no participan de los informes en que esté involucrado su país de origen. Y, por otro lado, nos encontramos con la celeridad que se le viene dando al proceso de selección del nuevo Defensor del Pueblo en el Congreso, más que como responsabilidad encontramos animus de relevo, de quien como encargada -la actual Defensora- viene dándole independencia, autonomía a una institución que asume con holgura la trascendencia de sus responsabilidades constitucionales, la defensa de los derechos constitucionales de la persona y la comunidad.
Si bien, el gobierno, ha dado una lectura diplomática a este informe, pues así lo leemos de la reciente conferencia de prensa de la Presidenta y su primer ministro, y días antes de que se haga público el Ministro de Justicia Daniel Maurate señalaba: “Apenas venga el informe reuniremos los equipos, multisectorialmente haremos el trabajo para implementar los informes de la comisión”; sus compadrazgos políticos si le reclaman firmeza en su posición para rechazarlo, descalificarlo incluso plantear nuestra desvinculación. Hace buen tiempo que soplan vientos contra el sistema interamericano, sea la Corte o la Comisión, al son de sus acciones y decisiones, a las que estos órganos internacionales no pueden renunciar por ser sus competencias funcionales, y aún en la permisividad de que nuestra propia Constitución así lo desarrolla al aceptar la jurisdicción supranacional y reconocer en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, como derechos constitucionales, así acentuado en amplia jurisprudencia constitucional.
A diferencia de la Corte, la Comisión Interamericana no es un órgano jurisdiccional, es decir no emite sentencias, lo que no hace menos sus decisiones, de inmediato el Estado peruano no está sujeto a la vinculatoriedad del informe y que podría generarle responsabilidades internacionales, aunque si es suficiente insumo para activar los mecanismos procedimentales que el propio sistema habilita; pero es innegable el peso y trascendencia moral de los contenidos y satisfacción de las recomendaciones del informe, ya no es una ONG, un opositor político al gobierno se trata de un órgano oficial al cual el Perú está adscrito. No es conveniente que la comunidad internacional tenga la percepción de que nuestro país sea transgresor de derechos humanos, que se siembre una imagen de limitada institucionalidad y desapego al respeto a los derechos humanos, estando inmersos en un contexto de interdependencia y globalización. Nuestra propia Defensoría del Pueblo ha emitido indistintos reportes, también Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Unión Europea nada desentonados del reciente informe, acaso nos sugieren una sincronización estratégica para deteriorar la imagen de nuestro país.
Es importante destacar que de manera recurrente el informe apela a las condicionales “estas graves violaciones de derechos humanos deben ser investigadas con debida diligencia…”, “corresponde a las autoridades competentes realizar investigaciones exhaustivas para determinar los autores materiales e intelectuales responsables de estos hechos…”, “las muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales…”, lo que significa el traslado de responsabilidades al propio estado peruano, para que desde su propia institucionalidad aclare, investigue, procese y sancione a los responsables, siendo un potente llamado de atención, porque es de conocimiento público la pasividad por no decir indiferencia, con que viene asumiendo sus funciones el Ministerio Público. Un estado constitucional, como el nuestro, le interesa de sobre manera acudir con prontitud y celeridad al esclarecimiento de los hechos, nos lo debemos como sociedad democrática y en respeto de nuestras libertades, para empezar a superar este grave desencuentro en el que estamos inmersos buen tiempo atrás; reconstruir nuestra alicaída institucionalidad empieza por darnos legitimidad, y esta es devolver justicia quienes fueron víctimas de los excesos y abusos, que nuestro maduro civismo nos exige.
Comparto tres de las treinta y seis recomendaciones del informe, y nos preguntamos si acaso estas afectan nuestra soberanía, menoscaban la autonomía de nuestras instituciones, deslegitiman nuestra incipiente democracia o, por el contrario, podrían ayudar a encarrilar nuestro país por consolidar nuestra democracia, que nuestras instituciones funcionen y que dialoguemos entre peruanos:
Una estrategia de diálogo genuino, con enfoque étnico y territorial, que permita la escucha de todos los sectores y niveles de la división política y administrativa.
Adoptar medidas para asegurar que el uso de la fuerza por parte de agentes estatales se ajuste a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.
Investigar todos los hechos registrados en el presente informe, en particular las presuntas violaciones de derechos humanos de manera célere, seria, eficaz, independiente y con atención a las debidas garantías judiciales.