POR: VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Nuestra vida republicana ha oscilado entre las desconfianzas de nuestras instituciones, empoderando la figura del presidente o entregando mayores atribuciones al Congreso, para un efectivo control ante los posibles excesos del poder político, por ello hoy en día nos definimos como presidencialismo atenuado a presidencialismo parlamentarizado.
Es evidente la influencia norteamericana con su presidencialismo puro como también la influencia europea con sus institutos de control político parlamentario; en ese devenir histórico, se incorporan instituciones, que en algunos casos sin estar plasmadas expresamente en la Constitución, la práctica política y luego su regulación, las hicieron nuestras; algunas, reiteradas en nuestra evolución constitucional, pero de muy escasa incidencia en su operatividad y ello responde, a la prudencia con la que nuestra clase política acudía a ellas, los tiempos cambian a un ritmo impresionante, incluyendo las decisiones políticas, pues lo cierto es que si ayer nuestro marco constitucional nos proponía un modelo de sociedad bajo la cual deben orientarse la toma de decisiones y si bien preveía determinas facultades de última ratio, eran para solventar circunstancias que pudieran afectar nuestra estabilidad institucional, estas hoy en día son “instrumentalizadas” políticamente.
En el primer gobierno de Fernando Belaúnde(1963-1968), una oposición parlamentaria mayoritaria como consecuencia de la alianza apra-odriísmo, que el autodenominado “el primer poder del Estado es el Congreso” nos describe su actuar político, exteriorizado en recurrentes interpelaciones, censuras y acciones que fueron perforando nuestra débil institucionalidad, para concluir con el golpe de Estado de Velasco Alvarado; propició que en la Constitución de 1979, se discutan y perfeccionen mecanismo idóneos para salvaguardar el equilibrio de poderes, tal es así que se incorpora por primera vez la figura de la “disolución del congreso” acotada a determinadas circunstancias y reiterada en la Constitución de 1993. La vacancia por incapacidad moral permanente, se la encuentra precisada desde la Constitución de 1839 y en nuestro largo recorrer constitucional la encontramos como un instituto habitual, pero de limitadísima aplicación.
Nuestra historia reciente nos coloca en un escenario crítico y no ajeno a nuestro diseño constitucional. El propio Tribunal Constitucional ha precisado en indistinta jurisprudencia, que cuando existe una mayoría parlamentaria opositora, con singular dinamismo político, ha facilitado el rompimiento del orden constitucional; caso del gobierno de Bustamante y Rivero o de Belaúnde Terry, ya citado. Sin embargo, vemos el gobierno de Toledo Manrique, el segundo de García Pérez o el Humala Tasso, si bien tuvieron una importante mayoría parlamentaria no alcazaba a ser absoluta, y aún en los graves contrastes políticos, culminaron su periodo, se generaron los consensos políticos necesarios para enrumbar la gobernabilidad del país, siendo lo más trascendente la voluntad y disposición política para ello.
Hubo un cambio abrupto, a partir de julio del 2016, una fuerza política obtuvo 73 parlamentarios, contundencia que fue confundida con prepotencia, no se reconoció el triunfo del gobernante y desde la apertura de las actividades legislativas se fue concretando una estrategia política de una oposición visceral, los dardos se colocaron sobre un Ministro que en su momento era su prioridad para darle continuidad a la “importante gestión” que viene asumiendo, desde el gobierno anterior, y fue el Ministro de Educación, cuya censura y remoción era la “crónica de una muerte anunciada”; fue insuficiente la intermediación del Cardenal Cipriani, porque los arrebatos políticos se incrementaron. La interpelación, la censura, la cuestión de confianza, la vacancia, la acusación constitucional, empiezan a ocupar la agenda legislativa, las primeras planas en los medios de comunicación y se vuelve tema común en la mesa familiar.
Suscitados los graves hechos políticos, cuya mayor evidencia son las sucesiones presidenciales de estos últimos años, nos encontramos con un parlamento que no tiene una mayoría partidaria determinante como ayer, ni una estructura representativa uniforme; hablar de APP es hablar de oportunismos, hablar de Acción Popular es hablar de desnaturalización de su esencia, y tanto más; en ese variopinto legislativo, chocamos con la añeja pero cruda realidad “en el mundo de los ciegos el tuerto es rey”.
La derecha, liderada por los fujimoristas, son quienes colocan la agenda de las prioridades congresales, tanto en lo normativo como en el control político y fiscalización. No es ninguna sorpresa que ellos presidan no sólo el Congreso, sino las Comisiones más importantes: Constitución, Fuerza Popular; Fiscalización, Fuera Popular; Relaciones Exteriores, Acción Popular con el apoyo de Fuerza Popular; Presupuesto, PODEMOS y si hablamos de las bancadas de centro o de izquierda, quedan algunos rezagos básicos pero insuficientes, que nos permitan leer, independencia y compromiso; lo más que se encuentra es genuflexión, negociado político, oportunismo y renuncia manifiesta a los compromisos que tuvieron en su oportunidad frente a sus electores.
En esa escena política, obviamente es el Parlamento y las fuerzas políticas gravitantes, más sus convidados de piedra, quienes vienen lucrando políticamente, reorientando el rol fundamental que tiene nuestros principales órganos constitucionales, facilitando que ”influenciables” asuman sus jefaturas, y los que “incomodan” no tienen lugar en la construcción de esta nueva institucionalidad, no es otra cosa que copamiento y manipulación política; claro, a sabiendas que el Ejecutivo no pondrá reparo alguno, pues la propia continuidad de Dina Boluarte en el cargo y su estabilidad política, depende de ellos. Un ajedrez perfecto. Recordamos con sarcasmo la respuesta del magistrado del TC Cesar Ochoa Cardich, quien ante la objeción que no se puede ser juez y parte en el Consejo Directivo de SUNEDU, respondía: “una vez juramentan su cargo y asumen su cargo, ya no son representantes de ningún interés particular”, y hoy están destruyendo todos los avances que significaban darle a nuestros jóvenes una educación superior de calidad.
Lectura y decisiones desde el Congreso: la Defensoría del Pueblo, demasiada autonomía y protagonismo en la defensa de los derechos fundamentales, debe elegirse prontamente a su titular; la Junta Nacional de Justicia, viene mortificando a nuestra Fiscal de la Nación, debe impulsarse denuncia constitucional contra sus integrantes; el JNE hace buen tiempo trabaja con independencia y sin presiones políticas que coacten sus decisiones, y a pesar de que pronto vence el periodo de mandato de sus miembros, debe reformarse la Constitución para facilitar sobre ellos acusaciones constitucionales; ya la SUNEDU y el Tribunal Constitucional, están en el prospecto de esa forzada pero ilegitima institucionalidad que nos proponen.
Aquí no hay lealtad con la Constitución, ni mucho menos fortalecimiento de nuestras incipientes instituciones o reforzar nuestros pilares democráticos, aquí encontramos un evidente rompimiento con el principio fundamental en el que se soporta nuestro Estado, el quebrantamiento del principio de separación de poderes que nos conduce hacia un autoritarismo parlamentario.