La politóloga moqueguana Estefany Pacho recordó que los funcionarios públicos, autoridades y servidores del Estado están, legalmente, impedidos de realizar proselitismo político, en concordancia con el marco normativo vigente, en especial ahora que se ha iniciado oficialmente el proceso para las elecciones generales del 2026.
Pacho precisó que esta prohibición está contemplada tanto en el Código de Ética de la Función Pública como en la Ley Orgánica de Elecciones (Ley N.° 26859), que sancionan cualquier forma de utilización indebida de recursos públicos con fines electorales.
“Es lamentable que muchos funcionarios olviden que su rol es servir a la ciudadanía y no hacer campaña. El uso de su cargo o de recursos públicos para favorecer a un partido o candidato está completamente prohibido y debe ser denunciado”, afirmó.
Además, criticó el comportamiento de algunas autoridades que, en etapas preelectorales, incrementan actividades públicas, anuncios de obras y presencia mediática, muchas veces con fines más políticos que de gestión. “La población ya no es ingenua. La ciudadanía espera políticas públicas constantes, no acciones que aparezcan solo durante la campaña. Esa es una de las causas de la creciente desconfianza hacia las autoridades”, puntualizó.
Pacho también resaltó que existen herramientas de seguimiento ciudadano para evaluar la gestión pública, como los indicadores de ejecución presupuestal del MEF o los informes del INEI sobre percepción ciudadana, gobernabilidad y democracia.
Finalmente, hizo un llamado a las instituciones públicas y órganos de control como la Contraloría y el Jurado Nacional de Elecciones a cumplir su rol de vigilancia y sanción en estos casos, y exhortó a la ciudadanía a estar alerta y denunciar cualquier acto de proselitismo disfrazado de función pública.
EL DATO
Como se recuerda, a través de la Resolución N.° 00094-2025, el Jurado Electoral Especial (JEE) de Arequipa determinó que el alcalde del distrito de Torata, Elvis Córdova Nina, infringió las normas electorales al difundir publicidad estatal en la que se consigna su fotografía, nombre y cargo, lo cual está prohibido actualmente en el marco de las elecciones generales 2026.
