A través de la Resolución de Consejo Directivo N° 00084-2024-SUNASS-CD, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) aprobó la fórmula tarifaria, la estructura tarifaria y las metas de gestión, así como los costos máximos de las unidades de medida para determinar el precio de los servicios colaterales de la empresa EPS Ilo S.A. durante el periodo regulatorio 2025-2028.

Entre los aspectos más relevantes de esta resolución, destaca la disposición para la creación de un fondo destinado a financiar inversiones mediante recursos generados internamente por EPS Ilo S.A. Asimismo, se contempla el establecimiento de reservas específicas para la gestión de riesgos asociados a desastres naturales y la adaptación al cambio climático, la implementación de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos, el control de calidad, el cumplimiento del plan de adecuación sanitaria, así como para el mantenimiento y reposición de infraestructuras y equipos.

El documento también estipula que EPS Ilo S.A. deberá abrir cuentas en el sistema bancario nacional y realizar depósitos mensuales, durante el periodo 2025-2028, de un porcentaje de los ingresos obtenidos por los servicios de agua potable y saneamiento. Estos recursos estarán destinados tanto al Fondo de Inversiones como a las reservas previamente mencionadas.

En caso de detectarse el uso indebido de estos fondos o el incumplimiento en la transferencia de los recursos estipulados, SUNASS aplicará las medidas sancionadoras correspondientes conforme al Reglamento General de Fiscalización y Sanción. Además, comunicará estas irregularidades al órgano jerárquico superior de EPS Ilo S.A. y a la Contraloría General de la República, a fin de determinar las responsabilidades civiles, penales o administrativas que correspondan.

Respecto a la estructura tarifaria, y en cumplimiento del principio de equidad, se implementará un sistema de subsidio cruzado. Este modelo establece que los usuarios pertenecientes a categorías con menor capacidad adquisitiva paguen tarifas inferiores en comparación con aquellos clasificados en categorías de mayor capacidad de pago, garantizando así una redistribución justa del costo de los servicios.