La Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Paucarpata abrió una investigación preliminar de treinta días contra los que resulten responsables (L.Q.R.R.) por el presunto delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales en agravio del Estado. Según la disposición fiscal N° 01-2025, el proceso se centra en la falta de ejecución de medidas preventivas ante la grave contaminación del río Tambo, desatendiendo lo estipulado en el Decreto Supremo N° 077-2024-PCM.
Esta normativa declaraba el estado de emergencia hídrica en la provincia de Islay; sin embargo, la aparente inacción de los funcionarios regionales habría dejado en situación de extrema vulnerabilidad a más de 60 mil habitantes de Islay. La fiscal Aida Tatiana Cárdenas Cuba ha programado diligencias, incluyendo la declaración testimonial del consejero regional por Islay, Juan Carlos Huanca Molero para el 17 de febrero de 2026. Asimismo, el Ministerio Público requirió a la Gerencia Regional de Gestión del Riesgo de Desastres los planes de trabajo y la identificación formal de los jefes de área responsables entre julio de 2024 y enero de 2025.
La investigación busca determinar si existió una desatención deliberada que agravó la crisis hídrica en Islay. De comprobarse la omisión penal, los implicados enfrentarían sanciones según el artículo 377° del Código Penal por afectar la correcta administración pública y la salud de la población civil afectada por metales pesados.
