La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) expresó su rechazo a la sentencia del Tribunal Constitucional que dispone la inmediata libertad de Daniel Urresti, condenado por el asesinato del periodista Hugo Bustíos Saavedra, ocurrido el 24 de noviembre de 1988.
En un comunicado público, el gremio sostuvo que la decisión del TC “sigue la línea de los negacionistas” respecto de las violaciones a los derechos humanos registradas en el país entre 1980 y 2000. Según la ANP, el fallo declara fundado el hábeas corpus a partir de una interpretación sobre la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, desconociendo tratados internacionales suscritos por el Estado peruano.
El pronunciamiento señala que este hecho reabre un ciclo de impunidad en uno de los casos de periodistas asesinados en el Perú que había alcanzado una sentencia firme. Recordó que el 13 de abril de 2023 la Tercera Sala Penal Liquidadora Transitoria de la Corte Penal Nacional condenó a Daniel Urresti Elera por el asesinato de Bustíos, decisión confirmada el 19 de julio de 2024 por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema.
Posteriormente, el 25 de enero de 2025, la defensa del exministro interpuso un hábeas corpus contra los magistrados que lo condenaron, alegando vulneración de derechos fundamentales. Esta acción fue declarada improcedente en primera y segunda instancia constitucional, el 18 de febrero y el 2 de junio de 2025, respectivamente. Asimismo, tras la resolución que declaró inaplicable la Ley 32107 emitida el 19 de noviembre de 2025 por el juzgado penal supranacional de Lima, la defensa presentó recurso de apelación, cuya audiencia se realizó el 29 de enero de 2026.
La ANP enfatizó que la sentencia del Tribunal Constitucional no declara la inocencia de Urresti ni cuestiona la existencia del crimen, sino que impide la ejecución de una condena firme mediante un argumento procesal vinculado a la prescripción.
El gremio anunció que continuará acompañando a la familia de Hugo Bustíos y respaldará las acciones que esta impulse ante instancias nacionales e internacionales, incluido el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
