Por: Ing. Elmer Pinto Cáceres (Consejero regional por la provincia de Islay)
Las autoridades de la provincia de Islay, durante los años 2019 y 2020, se han dirigido en reiteradas oportunidades a las autoridades del gobierno central y relacionadas a la administración y cuidado del recurso hídrico con el objetivo de transmitir la preocupación e indignación de la población del valle de Tambo y provincia de Islay por el deterioro de la calidad de agua del río Tambo, que se viene realizando desde antes del año 2015, según reportes de la administración de la ALA Tambo – Alto Tambo, la Autoridad Administrativa del Agua Caplina – Ocoña (AAA) y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). En ese sentido se dirigieron de manera reiterada al ministro de Agricultura, al presidente del Consejo de Ministros y al presidente de la República, para que informen de las acciones correctivas con la finalidad de revertir la contaminación permanente de las aguas del río Tambo en cabecera de cuenca.
LA CONTAMINACIÓN NACE DESDE LOS AFLUENTES
Los ríos Margaritani y Apostoloni, ubicados en las nacientes de la cuenca del río Tambo, son afluentes que reciben descargas de drenaje ácido de la unidad minera Tucari de la empresa minera Aruntani. Las aguas de estos ríos confluyen para formar el río Aruntaya y más abajo el río Titire, para desembocar al río Tambo con el nombre de Coalaque. Este ilícito acto de contaminación, se da a lo largo de 200 kilómetros, perjudicando en sus tramos iniciales a las comunidades ubicadas a ambos márgenes de los ríos antes mencionados, en las regiones de Puno y Moquegua, así como también a la provincia de Islay en la región Arequipa.
Las autoridades del gobierno central han reconocido, de manera reiterada, la grave contaminación de los ríos Margaritani y Apostoloni. Así, mediante Decreto Supremo Nº 188-2019-PCM, del 6 de diciembre del 2019, se declara, por 60 días, el Estado de Emergencia por impacto de daños a consecuencia de contaminación hídrica en los distritos de Chojata, Matalaque, Quinistaquillas, Coalaque, y Omate de la provincia de General Sánchez Cerro, del departamento de Moquegua. Con fecha 30 de enero de 2020, se emite el Decreto Supremo Nº 015-2020-PCM, que prorroga, por 60 días, el Estado de Emergencia por impacto de daños a consecuencia de contaminación hídrica en los distritos de Chojata, Matalaque, Quinistaquillas, Coalaque y Omate de la provincia de General Sánchez Cerro, del departamento de Moquegua. Finalmente, mediante Decreto Supremo Nº 056-2020-PCM, se prorroga, por 60 días, a partir del 5 de abril, el Estado de Emergencia por impacto de daños a consecuencia de contaminación hídrica en los distritos de Chojata, Matalaque, Quinistaquillas, Coalaque, y Omate de la provincia de General Sánchez Cerro, del departamento de Moquegua.
VERIFICACIÓN POR AIRE Y NADA
En junio del 2019, las autoridades de la provincia de Islay en conjunto con los ministros y técnicos de ANA y OEFA Lima, sobrevolaron en helicóptero, la zona de la operación minera Tucari, de la empresa Aruntani, ubicada en cabecera de cuenca del río Tambo, sub cuenca de los ríos tributarios Margaritani y Apostoloni, en la zona andina de la provincia General Sánchez Cerro de la región Moquegua, de donde salen las emanaciones de drenaje ácido al pie de área de desmontes, zona de tajo y pads de lixiviación, así como también aguas abajo de dicha operación minera sobre los mencionados afluentes del río Tambo. Es importante precisar que, en reunión posterior al vuelo, en la ciudad de Arequipa, los ministros de ese entonces, Francisco Mostajo de Energía y Minas, Lucía Ruiz del Ambiente y Fabiola Muñoz de Agricultura, junto a los representantes de la ANA y el OEFA, se comprometieron ante las autoridades de la provincia de Islay a iniciar los trabajos de «remediación» a la brevedad.
A la fecha no se conoce de estos trabajos y la contaminación persiste de manera constante, sin que ninguna institución, ministerio, ANA u OEFA, realice acción correctiva. La contaminación de las aguas del río Tambo, afecta los rendimientos de productividad de 13 000 hectáreas de cultivo y afecta la salud de 60 000 personas de la provincia de Islay.
CUESTIONABLE ACCIONAR DE ANA Y OEFA
La actuación de la ANA y el OEFA es cuestionable ¿Cuáles son sus funciones? Si no se encargan de cuidar, preservar las características y condiciones del vital elemento, y con la autoridad que se les encarga, fiscalizar y sancionar las acciones irresponsables; entonces, ¿a qué institución recurrimos? Al parecer serian instituciones fachada al servicio de las empresas mineras, a las cuales, de manera diligente otorgan sendas autorizaciones de uso de agua en caudales y volúmenes que nunca los mismos agricultores han conseguido.
DE UNA VEZ
Las autoridades de la provincia de Islay se dirigen a ustedes, señor Federico Bernardo Tenorio Calderón, ministro de Desarrollo Agrario y Riego; señor Jaime Gálvez Delgado, ministro de Energía y Minas y señor Gabriel Quijandría Acosta, ministro del Ambiente, liderar la inmediata ejecución de acciones que propicien la remediación ambiental en la zona de fuente de contaminación de las aguas del río Tambo, evitar los daños al ambiente en su recorrido y en particular restablecer la calidad de agua del río para los agricultores del valle de Tambo y la salud de la población de Islay.
