El biólogo Carlos Santos informó que el Gobierno prorrogó por 60 días la declaratoria de emergencia por la contaminación hídrica del río Coralaque, medida que regirá hasta el 25 de abril. La disposición responde al peligro inminente generado por el drenaje ácido de la mina, que podría intensificarse con la reducción del caudal tras la temporada de lluvias.
La prórroga alcanza a los distritos de Chojata, Matalaque, Quinistaquillas, La Capilla, Carumas, Torata, Cuchumbaya y San Cristóbal–Calacoa. Según el especialista, la declaratoria permite activar mecanismos legales excepcionales para ejecutar acciones urgentes de remediación y atender a las poblaciones afectadas sin trabas administrativas.
“La declaratoria de emergencia suprimiría toda la burocracia, todo el papeleo para que se puedan ejecutar. Sin embargo, eso no exime tampoco de responsabilidades, al contrario, más bien asumen responsabilidad”, precisó.
Santos advirtió que la problemática tiene origen antrópico, vinculada a pasivos mineros que persisten tras el cierre de operaciones extractivas, y que los daños ambientales podrían prolongarse por años si no se ejecutan medidas integrales.
Asimismo, cuestionó la falta de acciones concretas del Ministerio de Energía y Minas, pese a que existen estudios técnicos y recomendaciones de la Defensoría del Pueblo que evidencian la presencia de metales pesados en la cuenca. El especialista exhortó a evaluar una declaratoria de emergencia permanente y asegurar presupuesto para un fondo de restauración ambiental.
“Una declaratoria de emergencia de saludo, porque finalmente para poder ejecutar o hacer alguna acción necesitamos recursos económicos. Entonces, eso también tiene que garantizar el propio gobierno central, puesto que esta es una declaratoria de emergencia”, expresó.
Finalmente, hizo un llamado a priorizar la protección de la salud y la vida de las poblaciones expuestas, señalando que la región puede convertirse en un modelo piloto de recuperación ambiental si se implementan soluciones técnicas sostenidas.
