POR: FERNANDO VALDIVIA CORREA
Cada vez que Caperucita cuente la historia, el lobo siempre será el malo. El gobierno de transición de Don Valentín Paniagua creó la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), encargada de esclarecer el proceso, los hechos y responsabilidades de la violencia terrorista y de la violación de los derechos humanos producidos desde mayo de 1980 hasta noviembre de 2000, imputables tanto a las organizaciones terroristas como a los agentes del Estado. Inició funciones en julio de 2001, hasta el 28 de agosto de 2003. Dos, cuando menos, han sido los permanentes cuestionamientos al voluminoso Informe de la CVR: la denominación de “conflicto armado interno”, en lugar de conceptuar TERRORISMO al actuar demencial de Sendero Luminoso (SL) y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), y que, de los 70 mil fallecidos, nuestras valerosas Fuerzas Armadas fueron responsables de 20 mil.
Rememoremos. El 17 de mayo de 1980, víspera de las elecciones generales, delincuentes senderistas quemaron ánforas y cédulas de votación en el pueblo ayacuchano de Chuschi. El Estado peruano reaccionó, al principio como pudo; es decir, casi a ciegas. Carencia de equipamiento militar-policial y de preparación del personal de nuestras dignas FFAA y PNP, aunado al desconocimiento de la zona geográfica donde se desarrollaron los primeros atentados. Simplemente no existía (o ya olvidamos el desastre político-social-económico que nos legó la dictadura socialista de Velasco Alvarado). Poco tiempo después apareció el MRTA, profundizando el caos, la destrucción y, cómo no, las muertes de compatriotas, entre ellas de honorables miembros de nuestras valerosas FFAA y PNP.
Los gobiernos de Fernando Belaunde y Alan García hicieron lo que estuvo a su alcance. Sí, cumplieron, aunque evidentemente no fue suficiente. Entró Alberto Fujimori y cambió el escenario; o mejor dicho, SL y el MRTA fueron reducidos a su mínima expresión. Obvio que para este logro tuvo que recurrirse a normas de excepción, como la implantación de jueces sin rostro, que posteriormente fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional al vulnerar el derecho al “juez natural”. Nuevos procesos, y varios de los condenados vieron reducidas sus penas, así como otros tantos quedaron en libertad por falta de pruebas. De esto último, probablemente hubo excesos en la carcelería. Y por ello, el Estado actuó. He ahí la Comisión Lanssiers (creada primigeniamente durante el mandato de Fujimori Fujimori), a cargo de la concesión de indultos a procesados por terrorismo y traición a la patria, cuya labor, en términos generales, fue aplaudible.
Y, en adición, quizá algún militar o policía que participó en defensa de la patria tomó la justicia “en mano propia”, cometiendo ejecuciones extrajudiciales. Insisto, tal vez, pero esto no incluyó de modo alguno al Estado peruano; es decir, a TODOS nosotros. Si existió, resultó aislado.
Lo real e irrefutable fue que grupos subversivos atentaron contra el Estado peruano, matando, mutilando y desapareciendo a cientos, miles, de compatriotas, incluyendo a policías y militares; amén de viudas y huérfanos, que esperan hasta hoy que la judicatura también los escuche.
En esa misma línea, aunque la norma de creación de la CVR dispuso literalmente que la misma no gozaba de facultades jurisdiccionales, por lo que no podía suplir la labor del Poder Judicial y del Ministerio Público, en la práctica perversos jueces y fiscales distorsionaron la realidad tomando a rajatabla sus dizques recomendaciones, investigando —sin fecha de caducidad— a cientos de militares y policías, muchos a la fecha en situación de retiro o fallecidos.
Un claro ejemplo de esta interminable persecución judicial es el expresidente Ollanta Humala, investigado eternamente por una supuesta ejecución extrajudicial cometida en 1992 (bajo el presunto seudónimo de “Capitán Carlos”); sin embargo, hace dos meses fue sentenciado por lavado de activos, tras su paso como inquilino del Sillón de Pizarro (2011-2016).
Bajo este penoso escenario, el pasado 10 de junio, con 15 votos a favor, la Comisión de Constitución y Reglamento del Parlamento aprobó el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 7549/2023-CR, concediendo amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y Comités de Autodefensa que participaron en la lucha contra el terrorismo entre los años 1980 y 2000. Un mes después, y en segunda votación, la Comisión Permanente aprobó el referido dictamen, remitiéndolo al Poder Ejecutivo para su evaluación y promulgación, esto último de no mediar observaciones de carácter constitucional.
Al respecto, el legislador Fernando Rospigliosi declaró: “Hoy, 25 años después, existen cientos de militares y policías, en realidad son más de mil procesados o investigados sin sentencia firme, muchos con condiciones de salud y económicas precarias, que permanecen atrapados en un limbo judicial que no resuelve su situación jurídica ni permite a sus familias reconstruir sus vidas”.
No obstante, a los días, la Corte Interamericana de Derechos Humanos requirió al Estado peruano suspender el trámite de este proyecto de ley, puesto que su aprobación “podría vulnerar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta”. Esta absurda intromisión en asuntos internos por parte de esta ideologizada institución supranacional mereció una respuesta acertada e inmediata por parte del Ejecutivo. El MINJUSDH la acusó de exceder sus atribuciones, pues “no tiene la facultad de sustituir a las autoridades nacionales ni de imponer acciones sobre materias que aún no han sido resueltas en sede interna”.
Es evidente que la amnistía a militares y policías que participaron en la pacificación nacional entre los años 1980 y 2000 demuestra el perdón por parte de nuestras autoridades políticas a todos estos insignes patriotas que ofrendaron su vida para salvarnos de la barbarie terrorista, y con ello el cese definitivo del calvario de transitar por décadas por los pasillos de la administración de justicia.
