El expresidente Alejandro Toledo seguirá en libertad bajo fianza hasta que se resuelva el recurso de apelación que interpuso hace semanas contra su extradición aprobada por el Departamento de los Estado de EE. UU.
El juez Thomas S. Hixson, de la corte federal del Distrito Norte de California, se pronunció este jueves a favor de la defensa del exmandatario peruano, que le había pedido esperar a que el Noveno Circuito del Tribunal de Apelaciones, con sede en San Francisco, resuelva dicho recurso.
Como se sabe, el Gobierno de los Estados Unidos pidió al mencionado magistrado que Toledo Manrique ingresara en prisión preventiva, ya que al aprobarse su extradición podía aumentar el riesgo de fuga.
En la audiencia de este jueves 9 de marzo, Hixson decidió mantener la libertad de Alejandro Toledo, aunque aseguró que, si el Noveno Circuito determina que la extradición debe seguir adelante, ordenará al expresidente que se entregue.
“Si lo hicieran, concedería la moción (de detención) y luego ordenaría que Toledo se entregue”, dijo Hixson y añadió que para ello no se necesitaría una nueva audiencia y solo se procedería a emitir la orden de arresto y prisión preventiva para el expresidente.
Asimismo, pidió conocer el tiempo que le tomaría a las autoridades peruanas llegar a Estados Unidos para trasladar a Toledo si decide detenerlo y enviarlo a prisión preventiva.
“Mi pensamiento tentativo es no tomar medidas sobre la moción del gobierno (para su detención) hasta que el noveno circuito se pronuncie sobre esto”, dijo el magistrado en la audiencia.
DEMANDÓ AL DEPARTAMENTO DE ESTADO DE EE. UU.
Alejandro Toledo demandó al Departamento de Estados de los Estados Unidos de América mediante un nuevo recurso presentado ante la Corte del Distrito de Columbia y solicita la suspensión de su extradición al Perú.
Este tercer recurso, denominado “procedimiento civil federal” manifiesta que el Departamento de Estado de EE. UU. habría violado la “Quinta Enmienda” de su Constitución referida al derecho a la libertad y el debido proceso.
En el documento, que contiene 59 puntos, se alega que para cumplir con el debido proceso se requiere informar al demandante y su abogado sobre la decisión de extradición y los motivos de tal decisión.
Añade que también debe tener acceso a la información no reservada y la supuesta evidencia relevante que motivaron la decisión de extradición.
Otro de los puntos señalados es que no se le ha dado al exmandatario y su defensa legal el derecho de revisar y refutar las bases de la extradición.
Adicionalmente, la defensa acusó a la justicia peruana de ser “corrupta e ineficaz”, mencionando la posibilidad de un trato cruel hacia el exfuncionario una vez entrado al Perú.
El exjefe de Estado fue asistido esta vez por los abogados Kelsey Quigley y David Bowker de la firma Wilmer Cutler Pickering Hale And Dorr LLP. [Con información de Andina y RPP]