Tras el acuerdo al que llegaron las autoridades de la región Moquegua, el alcalde provincial de Ilo Humberto Tapia Garay, viajará a la capital de la República junto a otros burgomaestres para participar en una reunión programada para este jueves con la finalidad de hacer sentir a los congresistas que la Ley 31876 atenta contra la oportunidad laboral y el desarrollo y crecimiento de la micro y pequeñas empresas.

La autoridad edil, indicó que se reunirían con el presidente del Congreso para poder impulsar el proyecto de Ley que plantea la derogatoria de la cuestionada norma.

“Nosotros queremos impulsarlo con la finalidad que se pueda dar espacios para ejecutar mediante la modalidad de administración directa los proyectos de inversión pública”, refirió.

El burgomaestre está convencido que los proyectos de inversión pública tienen que desarrollarse mediante administración directa, pero cumpliendo la normativa y no incurriendo en actos de corrupción.

Según Tapia, son más de 1,500 trabajadores que se verían afectados, porque no se sabe si las empresas que ganen las licitaciones los contratará.

la Ley 31876, aprobada por el Congreso y promulgada el pasado fin de semana, establece nuevos parámetros para la ejecución de obras públicas bajo el mecanismo de administración directa, donde se prohíbe a las instancias regionales y locales ejecutar obras si el costo de estas sobrepasa las 50 unidades impositivas tributarias; es decir, cuando ascienden a aproximadamente 250 mil soles.