El alcalde del distrito de Ichuña, Jesús Ventura Bautista, expresó su profunda indignación tras participar en una audiencia del Poder Judicial vinculada al Informe N.° 045, documento que, según advirtió, podría generar el cercenamiento de hasta el 45 % del territorio distrital en favor de la región Puno. La autoridad señaló que este escenario afectaría directamente a comunidades campesinas debidamente tituladas y registradas en la región Moquegua.
Ventura Bautista denunció una presunta parcialización técnica de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), indicando que la Oficina de Demarcación Territorial estaría actuando de manera coordinada con el Gobierno Regional de Puno. Afirmó que el proceso de delimitación se habría desarrollado únicamente desde el gabinete, sin trabajo de campo ni verificaciones técnicas en la zona fronteriza, lo que vulneraría derechos históricos, sociales y económicos de la población local.
El burgomaestre sostuvo que, de acuerdo con el informe cuestionado, una parte considerable del territorio de Ichuña pasaría a jurisdicción puneña sin criterios geográficos, históricos ni culturales claros. En ese sentido, calificó la situación como “inadmisible e inhumana”, al considerar que funcionarios que desconocen la realidad territorial estarían tomando decisiones sobre comunidades con presencia ancestral en la zona.
Asimismo, el alcalde anunció que convocará a, entre diez y once, comunidades afectadas para que de manera individual presenten las demandas legales correspondientes contra el Informe N.° 045. Señaló que existen vacíos administrativos y falta de notificación oficial a las comunidades involucradas, lo que agrava el proceso y limita el ejercicio de defensa legal de la población.
Ventura Bautista también advirtió que detrás del presunto afán expansionista existirían intereses políticos y económicos vinculados a recursos hídricos y a proyectos mineros ubicados en la zona, como San Gabriel, Aruntani y Kathy. Indicó que estos intereses estarían primando sobre el respeto a los derechos constitucionales de las comunidades campesinas de Moquegua.
Finalmente, reiteró su demanda para que se implemente la ley de consulta popular aprobada en 2022, a fin de que los pobladores de las zonas de frontera decidan democráticamente su pertenencia regional. Advirtió que, de no adoptarse medidas claras y transparentes, el conflicto podría escalar a un escenario social, político y judicial con graves repercusiones para la gobernabilidad y el desarrollo de la zona fronteriza.
