El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas, aclaró que este organismo «no tiene funciones de regulación» sobre los protocolos sanitarios que utilizan los partidos en campaña electoral, «menos aún en épocas de pandemia». Según dijo, la institución que preside solo tiene «capacidad de fiscalización de la propaganda electoral», más no «una función de persecución en el caso de que hubiera una violación de normas (sanitarias)».
«Esa función sí tiene responsables, y nos hemos permitido cortésmente solicitarle a la Policía y al Ministerio Público, a través de la Fiscalía de prevención del delito, procedan a hacer cumplir lo que las normas dicen en materia de evitar las aglomeraciones o las reuniones sin medidas de protección», precisó en entrevista con RPP Noticias.
«Se nos ha dicho que tendríamos nosotros que dictar regulaciones específicas, como en el caso del Ecuador, que tiene esta potestad en el marco de un trabajo más grande (…) Todo eso es de conocimiento del órgano rector (en Ecuador) y tutelar de la salud pública, que no es el JNE. Yo no he seguido un solo curso de infectología, entonces yo no podría proponer una medida de salud pública con la seguridad de que esta va a ser eficaz, esto le corresponde al Minsa», agregó.
En otro momento de la entrevista, el magistrado informó que el 10 de febrero se conocerá la lista de candidatos aptos para postular a la Presidencia. De igual modo, reveló que actualmente se encuentran en «tratativas» para ver qué partidos y organizaciones políticas suscribirán el Pacto Ético a fin de combatir «la guerra sucia» en la campaña.
El titular del JNE reveló que anteriormente esta institución hizo un llamado a los partidos para que se conviertan en «actores de la seguridad» para prevenir contagios de COVID-19 durante las actividades proselitistas que realicen. Al respecto, saludó la decisión de «autolimitación» que han adoptado algunas organizaciones.
Salas, quien lleva dos meses en el cargo, señaló que una de las metas de su gestión es renovar el sistema para los trámites de dispensa, a fin de que estos sean virtuales y no presenciales, como parte de una política gradual de «cero papel», además de actualizar los instrumentos de gestión, como el Registro de Organizaciones Políticas (ROP). [Fuente: RPP]