POR: JULIO FAILOC RIVAS
Existe una lectura en el Legislativo y el Ejecutivo de que las movilizaciones llegaron a su fin, y que a lo más surgirán brotes de violencia aislados que serán fáciles de reprimir, si no, no se entendería lo avezado del plan siniestro de intentar quedarse hasta el 2026. Pero… ¿se acabaron las movilizaciones o retornarán con mayor furia contra los que se burlaron del país que exigía elecciones adelantadas? ¿Aguantarán hasta el 2026?
Desde este este espacio hemos manejado la hipótesis de que había la intensión de los sectores radicales en el Congreso de entornillarse en el poder desde la primera vez en que votaron contra el adelanto de elecciones “…desde hace algún tiempo existe un plan siniestro de los extremistas para intentar quedarse hasta el 2026 sin importarles cuantas vidas más debe costarle al país. Que el Congreso se haya tirado abajo la aspiración de la inmensa mayoría a tener nuevas autoridades políticas con apenas un respaldo del 7% de la población es solo una pequeña muestra de lo que pueden hacer” (Apuntes a Lápiz # 101), lamentablemente se cumple.
Solo la presión de las movilizaciones sociales en todo el país hizo retroceder al Congreso, obligándolo a reconsiderar la votación y fijar el adelanto de elecciones para abril del 2024, sin embargo, impusieron militarización en la represión, terruqueo indiscriminado contra el que protesta y más de 60 muertos en varios departamentos del sur del Perú –que alcanzó en un solo día 18 muertos en la ciudad de Juliaca–, haciendo que la población exija no solo acortar el plazo de elecciones, sino también exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte.
Lo prolongado de la huelga indefinida, la ausencia de liderazgo en el movimiento social y la inexistencia de una dirección política de esta lucha hicieron que la presión de la movilización se debilite, lo que ha sido aprovechado por el Congreso para patear el tablero de las elecciones adelantadas indefinidamente. Les sirvió la finta de que la Junta de Portavoces iba a discutir un proyecto de adelanto de las elecciones en la comisión de constitución – con el bloqueo de último momento por el congresista Montoya solicitando reconsideración de la votación para evitarla y luego el levantamiento de sesión del pleno por su presidente, Williams Zapata, sin haber ampliado la legislatura… todo ello forma parte del libreto de la novela “Nos quedamos todos hasta el 2026”.
Lo ocurrido es muestra de lo que es capaz y el contenido de nuestra pobrísima clase política, así como de que estamos transitando una profunda crisis política, en un proceso creciente de descomposición institucional de los principales poderes del estado: ejecutivo, legislativo y el poder judicial.
Hay más de 60 muertos y ningún responsable, a pesar de los asesinatos extrajudiciales de Ayacucho denunciados por IDL y Hildebrandt, sin que haya ninguna destitución de siquiera un ministro, sin ninguna comisión investigadora del Congreso para hallar responsables de las muertes, sin ninguna carpeta fiscal abierta por el ministerio público… ahora muchos se lamentan ¡qué diferente era el trato con el gobierno anterior!
Pero no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, y eso lo sabremos pronto. Creer que las movilizaciones se acabaron parece un exceso, mientras se mantiene la necesidad de que surjan liderazgos democráticos y descentralizados –que aíslen a los violentistas– para que conduzcan y redefinan la estrategia de lucha masiva y pacífica del movimiento social, es un imperativo.
