Diversas agrupaciones civiles de Derechos Humanos peruanas afirmaron en Montevideo que el expresidente Alan García, quien solicitó asilo a Uruguay, «no es un perseguido político» y que, por el contrario, cuenta «con todas las garantías», para su debido proceso.
Así lo afirmó la abogada y representante del Instituto de Defensa Legal de Perú, Cruz Silva, quien detalló que con los actores políticos uruguayos con los que se han reunido han expresado que la solicitud de asilo sea abordada «con la mayor prudencia posible».
«Alan García no es un perseguido político. El país le entrega las garantías institucionales y de debido proceso que necesita para poder mostrar su inocencia», expresó durante una conferencia de prensa en la sede la principal central sindical uruguaya, el PIT-CNT.
Agregó que durante su visita a Uruguay han puesto «mucho empeño» en informar a la opinión pública «lo que pasa en Perú», que, a su juicio, es «un espacio de lucha contra la corrupción» por parte del sistema de Justicia y de los poderes del Estado.
Silva insistió en que el expresidente «no es un perseguido político» y que en su país hay libertad de expresión.
«El señor Alan García puede decir lo que desee, no se le sanciona por sus ideales ni ideología política partidaria. Lo que está sucediendo actualmente es el proceso preliminar de investigaciones fiscales por un caso concreto de corrupción», aseguró.