Un agricultor de la región Moquegua denunció públicamente una presunta estafa cometida por el Proyecto Especial Regional Pasto Grande, tras la venta en subasta de 33 hectáreas de terrenos agrícolas que, pese a haber sido adquiridos hace más de dos décadas, hasta la fecha no han sido entregados a sus propietarios.
Se trata de René León, agricultor del sector San Antonio, quien señaló que los terrenos forman parte de una subasta internacional realizada en la década de los noventa. Según indicó, los compradores pagaron en efectivo y en dólares por un predio destinado exclusivamente a fines agrícolas e investigación.
“Desde el año 1998 hemos comprado estas tierras en una subasta internacional, no han sido regaladas ni invadidas. Hemos pagado en efectivo y hasta ahora no nos han saneado el terreno”, manifestó.
El agricultor explicó que el área adquirida tenía como finalidad la implementación de centros de investigación, viveros y reservorios de agua, con el objetivo de fortalecer la producción agrícola en más de mil hectáreas adquiridas al Estado. Sin embargo, aseguró que el proyecto Pasto Grande no realizó el rescate arqueológico necesario, pese a haber vendido los terrenos con esa condición.
“Pasto Grande nos vendió tierras con restos arqueológicos y nunca hizo el rescate. Ese era su compromiso. Hoy, después de más de 27 años, quieren revertirlas y entregarlas para vivienda”, denunció.
León también cuestionó que las autoridades regionales opten por destinar estas 33 hectáreas —ubicadas en una zona saneada y trabajada por los agricultores— a programas de vivienda, cuando existen más de 29 mil hectáreas disponibles en otras zonas.
“Es un abuso total. Estas tierras están destinadas a la agricultura y ahora pretenden cambiarlas de uso sin respetar los contratos firmados”, afirmó.
Asimismo, señaló que los agricultores se sienten desprotegidos y anunció que evalúan acciones legales por daños y perjuicios, incluso a nivel internacional, al considerar que el Estado incumplió los términos de la subasta.
El agricultor hizo un llamado a las autoridades regionales para que revisen el caso, respeten los contratos suscritos y prioricen la defensa de la actividad agrícola en la región Moquegua.
