El abogado Jorge Paredes cuestionó la falta de acciones oportunas de las autoridades regionales y locales frente al desarrollo del proyecto minero Katy, impulsado por la empresa Cultinor, ubicado en una zona limítrofe entre Moquegua y Puno.
El letrado señaló que existe un escenario de incertidumbre territorial que no estaría siendo atendido con la debida firmeza por el Estado, lo que podría generar impactos en la distribución del canon y sobrecanon minero. “Me parece que las autoridades no están tomando las acciones correctivas que corresponden. No es que alguien invade territorio porque quiere, esto tiene consecuencias directas en el canon”, afirmó.
Paredes explicó que ha participado en procesos de negociación vinculados a Cultinor, representando a propietarios individuales de terrenos donde se desarrollan concesiones mineras. Indicó que, en estos casos, la empresa reconoció la propiedad privada y efectuó pagos por la transferencia de predios.
“Hemos negociado y la empresa ha reconocido la propiedad, le ha pagado su monto y ahora esos terrenos ya son de la minera”, sostuvo. Según detalló, los acuerdos se dieron con personas naturales y no con comunidades, aunque reconoció que en la zona también existen comunidades campesinas.
El abogado precisó que el proyecto Katy ya se encontraba encaminado desde hace varios años, con trabajos de exploración avanzados. “Estamos hablando de exploraciones, de barrenos. Ellos ya sabían que ahí había mineral, esa concesión ya era de ellos”, indicó, al señalar que la empresa avanzaba “rápido” en el proceso.
En ese contexto, advirtió que la falta de definición clara sobre los límites regionales podría terminar favoreciendo a otra región en la distribución de recursos. “Con esta situación, me parece que el canon y el sobrecanon se lo van a dar a Puno, porque hay un total albedrío de las autoridades”, expresó.
Sobre los pagos realizados por la empresa, Paredes reveló que los montos varían según la ubicación del terreno dentro del área de interés minero. Como referencia, señaló que en uno de los casos que asesoró se habría pagado alrededor de dos millones de soles por un predio de aproximadamente diez hectáreas. “Es bastante dinero, pero depende de dónde esté ubicado el terreno dentro del proyecto”, agregó.
Finalmente, el abogado invocó a las autoridades a asumir un rol más activo frente al avance del proyecto Katy y a transparentar la información sobre límites territoriales y beneficios económicos. “Esta situación genera incertidumbre y las autoridades deben tomar decisiones claras. No se puede dejar pasar un tema tan sensible”, concluyó.
