POR: JULIO FAILOC RIVAS
Entramos en cuenta regresiva ad-portas de un desenlace frente a la permanencia de la presidenta Dina Boluarte en el gobierno, con actores de la crisis que se sostienen en una narrativa de ripley, en la mayoría de casos provocadoras de la creciente indignación de una población movilizada y que no solo no encuentra respuestas a sus demandas, sino que las sienten burladas por el ejecutivo y el legislativo.
El Congreso de manera irresponsable ha pateado el adelanto de elecciones por cuarta vez (incluyendo la iniciativa del Ejecutivo). No han servido para nada los gritos, tomas de carreteras, muertos y heridos, así como una opinión pública completamente desfavorable a su permanencia, escritos y exigencias políticas para que pongan los pies en tierra y se vayan lo más pronto posible.
Por el contrario, los extremos de izquierda y de derecha, con el aval y los votos de los tibios (salvo excepciones), intentaron pescar a río revuelto, unos con la reelección indefinida de los congresistas, y los otros con el referéndum no vinculante para el cambio de la constitución. Al final, lo único que han proyectado sobre la población movilizada y no movilizada es su ambición por quedarse a como dé lugar hasta el 2026.
El ejecutivo, a través de Otárola y de la misma presidenta, han reiterado que no van a renunciar, y, como para enardecer a la población, no solo no hace mea culpa de las más de media centena de muertos, sino que acusan de delincuentes y de violentistas a los movilizados, “…. ya no estamos ante personas que están protestando, sino simple y llanamente de delincuentes que están cobrando cupos… y vamos a recuperar el orden interno en Puno …. la señora presidenta no va a renunciar”. Esta posición cerrada del ejecutivo hace imposible un diálogo con el gobierno y los movilizados, y peor aún, cuando los gobiernos regionales se ponen de costado.
Los medios de comunicación concentrados –por su lado– luego de haber tenido una posición cerrada en defensa al gobierno empiezan a tomar distancia, además de criticar abiertamente al Congreso de la República por no aprobar el adelanto de las elecciones para el 2023. Este giro, aunado a la movilización, complican la posición del ejecutivo y del legislativo en su intento de quedarse hasta el 2026.
Los grupos de poder –y las empresas con ellos– empiezan a preocuparse por los daños que está generando a la economía la permanencia en el poder de Dina Boluarte. La minería, casi en su totalidad, se encuentra paralizada desde que se iniciaron las movilizaciones sociales en el Sur del Perú, el sector agroexportador, el turismo y los otros sectores de la economía se ven afectados fuertemente. Lo más probable es que el empresariado sea el que inicie el retiro de respaldo al gobierno de Dina Boluarte.
La población movilizada, si bien esta golpeada por lo prolongado de la protesta y la falta de recursos para sostenerla, no está dispuesta a retroceder y –por el contario– la ira de las calles se alimenta por la irresponsabilidad del ejecutivo y del legislativo, que intentan entornillarse en el poder.
Si bien el congreso ha vuelto a abrir el camino para retomar el debate electoral, nadie puede asegurar el adelanto de elecciones. El día de mañana miércoles en la junta de portavoces esperamos que el tema demandado por el país se ponga en la agenda del pleno del Congreso. De no darse el adelanto de las elecciones para el 2023, la cuenta regresiva empezará inexorablemente y cada día que pase el número de muertos aumentará. La soledad en el poder de Dina Boluarte irá creciendo.
Señora presidenta, el poder así no vale la pena, la vida está por encima de todo, tiene usted la última palabra.