POR: VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Coincidiendo con la asunción a la presidencia de José Jerí, el 10 de octubre de 2025, el fallecido congresista Carlos Anderson comentaba sobre la nueva autoridad en un medio radial: “Ha sido, a lo largo de estos años, básicamente un operador de lobbies, y todos lo hemos visto… creer que alguien como él, de la noche a la mañana, se va a desprender de todos esos arreglos, de esa cultura de componendas, a mí me resulta imposible”.
En consecuencia, los hechos en los que está involucrado no son más que la corroboración de un sistemático comportamiento político: utilizar el poder que te da la escena política para oscuros y sucios favores o negocios políticos. Aquí hay un hecho adicional que debiera profundizarse: en el periodo legislativo 2023–2024 fue presidente de la poderosa y ostentosa Comisión de Presupuesto, la instancia que finalmente aprueba el Presupuesto General de la República y decide sobre los proyectos de inversión priorizados para el ejercicio anual. Poco es lo que puede añadir o corregir el Pleno congresal.
Hace menos de un año, José Jerí fue denunciado públicamente por un presunto “soborno”, cuyo objetivo era que desde el Congreso se aprobara una partida presupuestal para un proyecto de irrigación en Cajamarca —lo que no hace santa a la empresaria denunciante, pues recién denuncia luego de que no se aprobara—. Pareciera que se convirtió en un modus operandi que no es tan particular de él, puesto que hay distintas investigaciones judiciales sobre otros políticos.
Es el caso del excongresista César Combina, denunciado por presunto tráfico de influencias al cobrar “sobornos” para intermediar y favorecer a distintos alcaldes, cuyos proyectos estarían incluidos en la ley de Presupuesto. Nada distante del “Caso de los Niños”, en el que determinados congresistas tenían línea directa con el Gobierno para favorecer con licitaciones públicas a empresarios de su entorno.
Hablamos de una corrupción sistematizada e interiorizada en los engranajes del poder político. Bajo este contexto, las denuncias contra José Jerí no son antojadizas, desestabilizadoras, inventivas políticas, revanchismo ni interpretaciones subjetivas. La respuesta se cae de madura: él es parte de la podredumbre instalada en el poder del Estado y dueño de la soberbia de su inesperado cargo.
Se hace necesario puntualizar que, si bien los congresistas no tienen capacidad de gasto por mandato constitucional, se ha construido un mecanismo encubierto en el que tienen un manifiesto involucramiento. Nos referimos al “Anexo 5”, que viene a ser un agregado a la ley de Presupuesto, en el que los parlamentarios incluyen proyectos u obras de su interés, en gran parte de los casos comprometiendo recursos para el desarrollo de sus circunscripciones electorales, pero lamentablemente también hay otros que lo aprovechan en demasía para sus latrocinios.
Claro que ello es consecuencia del entendimiento entre el Ejecutivo y el Legislativo para que finalmente la ley de Presupuesto deba aprobarse, implicando una deformación del proyecto inicialmente propuesto por el gobierno, quien tiene la responsabilidad de la administración del Estado y con su benevolencia ampara esta grave injerencia. No son montos menores: algunos especialistas señalan que se trata de casi el 2 % del Presupuesto General, y todo esto precisamente se genera en la mencionada Comisión de Presupuesto.
Las evidencias hechas públicas, que ni siquiera pueden ser arañadas por las ingenuas argumentaciones presidenciales, nos llevan a la conclusión, sin ambages, de que José Jerí no puede seguir en la Casa de Pizarro. Es indigno que continúe en el ejercicio de la alta investidura que representa la Presidencia de la República. Consideramos que, ante acontecimientos tan manifiestos, reforzados por su comportamiento previo y posterior, su entorno, sus decisiones y agravado por inadmisibles gestos y expresiones carentes de absoluta veracidad, no hace más que menguar la autoridad presidencial.
Los romanos decían que la mujer del César no solo debe ser honesta, sino parecerlo y demostrarlo. Él no encuadra en esta lógica de pulcritud.
No sorprenden los pronunciamientos de ciertas agrupaciones políticas alegando la proximidad de las elecciones y la necesidad de una pacífica transición, bloqueando la posibilidad de su remoción. Ello oculta sus subalternos intereses de gozar de un tratamiento preferencial del Gobierno, no solo con cargos importantes desde los cuales se pudiera reforzar la campaña electoral, sino de operativizar el aparato estatal a su favor.
Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso, llegó a alegar el riesgo de convertirnos en una “república bananera”, a sabiendas de que una destitución de Jerí no lo hace presidenciable, pues no goza de una mínima aceptación de sus pares ni de la ciudadanía, lo que obligaría a una inmediata recomposición de la Mesa Directiva congresal y a un nuevo presidente, por la sucesión presidencial a la que habría que acudirse.
Alegar de manera recurrente el riesgo político y sus efectos si se propicia un cambio en nuestra primera magistratura es descalificar el rol protagónico que viene asumiendo nuestro sistema electoral (JNE) en su conducción, que hasta hoy se viene desarrollando sin mayores objeciones. Nuestros procesos electorales gozan de una sólida autonomía, cuyo cronograma no se altera, y existe la esperanza de que no se susciten circunstancias que puedan restarle objetividad e imparcialidad, dentro de lo sui generis que se propone.
En consecuencia, no es nada solvente argumentar riesgos electorales para proteger institucionalmente a un presidente de la República que no está en la capacidad humana ni política de honrar la dignidad de la responsabilidad.
Estos últimos años han sido un curso intensivo sobre inestabilidad política y su capacidad de sobrevivencia, sin dejar anotada esa persistente actitud de soslayar la opinión ciudadana —se percibe un desmarque de nuestra institucionalidad democrática—. Esbozar una teoría de pérdida de nuestra estabilidad política en caso se decida la destitución de José Jerí está fuera de nuestra realidad y, más bien, es aceptar la inmundicia política como garantía de continuidad.
Es cierto que muchas circunstancias críticas se pasaron por alto; ahí está Dina Boluarte y las muertes de ciudadanos que, con el favorecimiento parlamentario, la mantuvieron en el cargo. Es momento de persistir en un rotundo NO a la continuidad de José Jerí en la presidencia. Ya no solo es exigirle decoro a nuestra máxima autoridad política, se trata de dignidad para la propia ciudadanía.
Las diversas mociones planteadas en el seno del Congreso son respuestas necesarias, pero también oportunistas, más aún cuando estamos ya en el corredor electoral. José Jerí es representante genuino de nuestra retorcida y preventista representación política. La estabilidad política no está en riesgo; la inmundicia política sigue acosando nuestra democracia.
