El Gobierno Regional de Moquegua cerró el 2025 sin devolver recursos al Tesoro Público, así lo aseguró su gerente general, Abraham Ponce Sosa, quien defendió la gestión presupuestal señalando que el saldo no ejecutado corresponde a partidas rígidas. No obstante, los resultados finales ubican a la región fuera del grupo de gobiernos regionales con mejor desempeño, evidenciando limitaciones en la eficiencia del gasto público.
De acuerdo con la información oficial dada por Ponce Sosa, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) del GORE Moquegua bordeó los S/ 939 millones, de los cuales se ejecutó poco más del 96 %. Si bien el porcentaje evita la devolución de recursos, el cierre dejó millones de soles sin invertir, en un contexto en el que varias regiones lograron ejecuciones superiores al 98 % e incluso cercanas al 100 %, pese a manejar presupuestos mayores y escenarios territoriales más complejos.
Ponce sostuvo que Moquegua no recurrió a recortes presupuestales para mejorar indicadores y que, por el contrario, el PIM se incrementó en aproximadamente S/ 100 millones durante el año. Sin embargo, el aumento de recursos también elevó la exigencia de gestión, y el resultado final reflejó dificultades para absorber plenamente el presupuesto disponible, especialmente en proyectos de inversión y gasto de capital.
El funcionario atribuyó el saldo no ejecutado a partidas rígidas como planillas y obligaciones administrativas, que no pueden ser reorientadas con facilidad.
Por su parte, el gerente regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Reader Flores Flores, sostuvo que no es correcto afirmar que el Gobierno Regional de Moquegua haya devuelto recursos al Tesoro Público, ya que, según explicó, los recursos ordinarios no se transfieren directamente a cuentas regionales, sino que se ejecutan con cargo a la Cuenta Única del Tesoro.
Precisó que lo que existe es presupuesto no ejecutado, debido principalmente a restricciones normativas, partidas rígidas como Personal y Obligaciones Sociales, y a la aprobación tardía del Ministerio de Economía y Finanzas, ocurrida la noche del 31 de diciembre, lo que impidió devengar el total autorizado pese a que se realizaron gestiones previas desde noviembre.
