Las autoridades y funcionarios que tienen a su cargo labores de prevención y gestión del riesgo podrían afrontar consecuencias administrativas, civiles o penales si una investigación determina que incumplieron las obligaciones frente a situaciones de peligro, así lo explicó el abogado mollendino José Tito Sánchez al referirse a las recientes lluvias registradas en Islay.
Tito Sánchez expresó preocupación por la respuesta durante esta coyuntura. “Sin ánimos y sin tintes políticos, sí hemos observado cierta inacción en nuestra provincia en ese aspecto”, manifestó.
Al explicar el marco que regula estas responsabilidades, hizo referencia a la Ley N.° 29664 del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y remarcó que los funcionarios tienen deberes tanto en la prevención como en la actuación frente a situaciones de riesgo.
El abogado precisó que un eventual incumplimiento no debe atribuirse automáticamente al alcalde, sino que corresponde analizar qué función tenía a su cargo cada servidor involucrado.
Sobre la posibilidad de alegar que no existía una declaratoria de emergencia para justificar determinadas limitaciones en la intervención, sostuvo que existen obligaciones propias del ejercicio de la función pública que deben cumplirse.
“Hay situaciones que son obligaciones de cada funcionario, y al momento que no cumplió con alguna de esas obligaciones (…) ya está incumpliendo con sus labores”, expresó.
Tito Sánchez aclaró, sin embargo, que ese posible incumplimiento debe ser evaluado antes de establecer consecuencias administrativas, civiles o penales. Al preguntársele si alguna instancia de Defensa Civil de la provincia podría tener responsabilidad por lo ocurrido, evitó hacer señalamientos anticipados. “Soy muy meticuloso y muy cuidadoso con las cosas que a veces se tienen que manifestar”, comentó.
CIUDADANOS PUEDEN DENUNCIAR
Otro de los aspectos que destacó fue el papel de los ciudadanos frente a situaciones que puedan afectar a la comunidad. A su juicio, comunicar o denunciar hechos de esta naturaleza no debería entenderse únicamente como un derecho, sino también como una obligación, aun cuando quien advierta el peligro no sea directamente el afectado.
En ese contexto sostuvo que las personas no deberían permanecer indiferentes cuando observen una situación concreta que pueda perjudicar a un vecino o a terceros.
Cuando se trate de una eventual responsabilidad penal, precisó que se puede acudir a una dependencia policial o a la Fiscalía de Turno. “Cualquier ciudadano, así sea de forma oralizada, pueda incluso sin tener algún abogado que lo respalde, denunciar hechos delictivos”, manifestó.
DENUNCIAS SOBRE HECHOS CONCRETOS
José Tito insistió en que la posibilidad de denunciar no debe utilizarse para formular acusaciones sin sustento ni trasladar discrepancias políticas al ámbito judicial o fiscal. “No inventemos cosas, aquí no estamos para inventar, sino para ser totalmente objetivos”, enfatizó.
Para explicar esta posición puso como ejemplo una situación de peligro visible. “Si yo estoy parado aquí y estoy viendo que este techo por la lluvia se está cayendo, es un hecho concreto para denunciar”.
El abogado pidió que cualquier cuestionamiento se base en hechos verificables y no en simpatías, rechazos o diferencias de carácter político. “No vale o no interesa que el político tal, el funcionario tal o el alcalde tal, el gobernador tal no me caiga”, expresó.
Finalmente, llamó a utilizar responsablemente los canales de denuncia y evitar presentar hechos que carezcan de sustento o relevancia. “No sobrecarguemos, no hagamos que la función o los despachos judiciales y fiscales se sobrecarguen de procesos, sino de los que realmente valgan la pena”, remarcó.
