POR: FERNANDO VALDIVIA CORREA
Encarcelada hasta en tres oportunidades, sin pruebas, menos acusación, pasando cerca de un año y medio alejada de su familia, amigos y correligionarios. Recientemente, Delia Espinoza, a la sazón fiscal de la Nación, abrió investigación preliminar para decidir la disolución de Fuerza Popular, del cual es lideresa; amén de haber sido candidata presidencial tres veces (2011, 2016 y 2021), y con probabilidades de repetir esta justa electoral en el 2026, quizá con éxito.
En la otra orilla, no postuló a la primera magistratura del país, pero el solo hecho de estar como vicepresidente de Pedro Pablo Kuczynski, y ante la renuncia de este, se colocó la banda bicolor. Treinta y un meses duró en el cargo, tiempo que lo aprovechó insanamente (aupado por la caviarada que le otorgó altos índices de popularidad, y ser ídolo de multitudes con slogans prefabricados como “tu presidente, mi presidente, nuestro presidente”) para desestabilizar nuestra patria con el referéndum de diciembre de 2018 que modificó la Carta Magna, y aprobó la extinción del Consejo Nacional de la Magistratura, la no reelección de congresistas, así como la regulación del financiamiento de los partidos políticos; además de haber ordenado el cierre inconstitucional del Parlamento el 30 de septiembre de 2019, y de ser el responsable de la muerte de más de 200 mil compatriotas a consecuencia del COVID-19.
Ambos personajes nombrados evidentemente son Keiko Fujimori y Martín Vizcarra. De la señora Fujimori Higuchi, tras más de 10 años de estériles investigaciones fiscales por el caso denominado “Cócteles”, la Segunda Sala Penal de Apelaciones confirmó la nulidad del juicio en su contra, dejando en evidencia —una vez más— la paupérrima tarea emprendida por los sobredimensionados Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez, del Equipo Especial Lava Jato, y del controvertido juez Richard Concepción Carhuancho.
Del otro, ni bien defenestrado del puesto, aunque siguió teniendo notoriedad, en abril de 2021 fue inhabilitado hasta por 10 años para ejercer la función pública por el caso denominado “Vacunagate”. En mayo del año siguiente, le tocó recibir la segunda sanción, y esta vez por 5 años, por sus actuaciones irregulares con empresas privadas cuando fue ministro de Transportes. Y en camino va la tercera, pues hace unos días la Comisión Permanente aprobó el Informe Final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales recomendando inhabilitarlo por 10 años para ejercer la función pública, precisamente por haber disuelto ilegalmente el Legislativo aquel 2019. En adición, está siendo procesado por el presunto delito de cohecho pasivo propio, acusado de recibir coima de S/ 2.3 millones (dos millones trescientos mil soles) tras su paso como gobernador regional de Moquegua, con las posibilidades de ser sentenciado, pues sus mismos exsocios literalmente lo “están echando”. Y el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones acaba de confirmar su exclusión del padrón de afiliados de Perú Primero, organización que irónicamente él mismo fundó. ¿La razón? Las inhabilitaciones en su contra.
Siéntate en la vereda de al frente y verás el cadáver de tu enemigo pasar, reza el refrán que calza perfectamente con el día a día que debe estar viviendo Vizcarra Cornejo. De haber sido un showman de la política peruana, a convertirse en un vulgar buscón.
Todo vuelve a fojas cero, menos para uno.
