Cadena perpetua e incremento de penas para los delitos de corrupción durante el estado de emergencia, así como la vacancia en el cargo para las autoridades que muestran incapacidad en la gestión pública durante este periodo es lo que proponen diversos parlamentarios.

CADENA PERPETUA

Los congresistas Javier Mendoza Marquina, Rubén Ramos, Jim Mamani y Alexander Lozano (UPP) plantean sancionar con cadena perpetua los delitos contra la administración pública cometidos durante el estado de emergencia.

El proyecto de ley 5389 busca modificar el artículo 401, inciso D, del Código Penal, para añadir como agravante en los delitos de corrupción y contra la administración pública la situación de emergencia nacional y sancionarlo con la prisión de por vida.

Con la misma sanción, el proyecto de ley 05051/2020-CR de la congresista Felicita Tocto Guerrero (SP) formula castigar los delitos de colusión, simple y agravada, para quienes intervengan en su favor en las contrataciones, adquisiciones, concesiones de bienes y servicios durante la emergencia.

Para el delito de peculado doloso, culposo y malversación, también durante el estado de emergencia decretado por el Gobierno, sugiere una pena no menor de 12 años y una máxima de cadena perpetua, y para el delito de negociación incompatible, una pena no menor de 6 años y una máxima de cadena perpetua.

INCREMENTO DE PENAS

El congresista Luis Carlos Simeón Hurtado (AP), en tanto, busca sancionar el uso indebido de los recursos destinados para la atención de la población durante la declaratoria de estado de emergencia nacional, modificando los artículos 46 y 50 del Código Penal.

El proyecto de Ley 5269/2020-CR propone para quien defraude patrimonialmente al Estado con los recursos destinados al auxilio de personas durante estado de emergencia (peculado agravado), una prisión no menor de 10 ni mayor de 20 años, para el delito de peculado doloso y culposo penas entre 12 a 15 años y para malversación de fondos no menos de 8 ni más de 12 años de prisión.

Miguel Vivanco Reyes (FP), en tanto, plantea en el proyecto de ley 04998/2020-CR incrementar las penas para los funcionarios y servidores públicos que cometen delitos de colusión y peculado durante el estado de emergencia.

Así propone considerar como agravante la situación de estado de emergencia para el delito de colusión simple y agravada sancionándolo con una pena no menor de 15 años ni mayor de 20; no menos de 12 ni más de 20 años para el delito de peculado doloso y culposo; y no menor de 10 ni más de 15 años para peculado de uso.

VACANCIA DEL CARGO

Por otro lado, el legislador Paul Gabriel García Oviedo (AP) busca incorporar como causal de suspensión en el cargo de las autoridades regionales y locales la incapacidad en la gestión para el manejo de una emergencia.

La suspensión excepcional, de acuerdo al proyecto de ley 05135/2020-CR, será aprobada por mayoría simple del consejo regional o el concejo municipal mientras dure la emergencia.

Para el gobernador regional o vicegobernador, la suspensión procede cuando la ejecución de gasto público, en un tercio del paso de declaratoria del estado de emergencia, no superó el 30 %.

Carlos Simeón Hurtado (AP), por su parte, propone la vacancia de las autoridades regionales y locales por incumplir con las disposiciones dadas por el Gobierno Nacional durante el estado de emergencia.

Plantea introducir en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y Municipales la causal de incumplimiento de los lineamientos y medidas de carácter temporal dados por el Gobierno Nacional para anticipar, mitigar y dar respuesta a situaciones de necesidad de salud pública, emergencias sanitarias o desastres, que pongan en riesgo la vida y la salud de las personas.