POR: DR. PHD JAVIER FLORES AROCUTIPA
En el IX pleno jurisdiccional de las salas penales permanente, transitoria y especial emitió el acuerdo plenario N° 04-2019/CIJ-116. En su fundamento 16 señala lo siguiente: Fundamento 16. Precisamente sobre la problemática de la reparación civil y las pretensiones del Estado, Íngrid Díaz Castillo informe en este pleno que:
“De acuerdo con el documento denominado “Información estadística de la procuraduría publica especializada en delitos de corrupción de diciembre del 2018”, en la actualidad dicho órgano intervine en 40759 casos en los que persigue una reparación civil a favor del Estado derivada de delitos contra la administración pública.
Del universo de casos 7553 se tramitan en Lima, 4636 en Loreto 1659 en Puno, 1671 en Arequipa, 1474 en La Libertad, 1457 en Lambayeque, 1379 en Piura, 1367 en Cajamarca, 1145 en Huánuco, 1121 en San Martin.
Sigue, 1040 en Ica, 889 en Moquegua, 854 en Pasco, 765 en Apurímac, 750 en Tumbes 709 en Tacna, 639 en Amazonas, 580 en Madre de dios, 522 en el Callao, y 488 en Huancavelica.
En cuanto a la reparación civil, el documento mencionado señal que el monto impuesto a diciembre del 2018 asciende a los 1638,588,128.13 soles. Quiere decir que son 1638 millones de soles. A la fecha se ha cobrado 92.7 millones de soles y queda por cobrar 1545 millones de soles.
Quiere decir que a la fecha las procuradurías solo han recuperado el 5.7% y falta por cobrar el 94.3%. Inimaginable. Por eso el fundamento 16 concluye: esta situación no hace más que reafirmar la importancia de poner en marcha esfuerzos para efectivizar el cobro de las reparaciones civiles, evitando el uso de mecanismos destinados a imposibilitar dicha labor.
Aquí en Moquegua tenemos información que la deuda es más de tres millones de soles. Solo el 20% es pagado por los culpables de delitos contra la administración pública. El 20% representa unos 600 mil soles, pero por pagar quedan aproximadamente 2.4 millones de soles. La próxima semana profundizaremos la investigación.
