POR: JESÚS LIENDO BELTRAMÉ
El cabotaje marítimo es el transporte de mercancías y pasajeros entre los puertos dentro del territorio nacional.
Ahora no solo los desastres naturales hacen necesario la pronta aprobación del reglamento de la Ley de Cabotaje, hoy el bloqueo de las carreteras que son interrumpidas con suma facilidad y frecuencia, a tal extremo que se ha convertido en una práctica normal de los manifestantes u opositores a tal o cual proyecto, perjudicando y aislando a las regiones vecinas, hacen impostergable su aprobación.
Es necesario recordar que, desde hace un par de semanas varias regiones del sur del país, son afectadas por el bloqueo de la carretera panamericana sur y viene dejando cientos de millones de soles en pérdidas y cientos de vehículos varados en las carreteras que conectan Arequipa con Tacna, Moquegua y Lima.
Incluso el puerto de Matarani a cargo de TISUR se ha visto obligado a restringir sus operaciones, desviándose algunos buques al terminal portuario de Ilo.
Se ha anunciado que, desde hoy lunes 5 de agosto, la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA) acordó acatar un paro indefinido en contra del proyecto minero Tía María, como una medida de apoyo a los manifestantes del valle de Tambo quienes se oponen a su desarrollo, lo que agravaría la situación de las regiones de Moquegua y Tacna, por el desabastecimiento de los productos de primera necesidad y combustibles.
Ante este nuevo escenario, más que una necesidad es de suma urgencia la aprobación del Reglamento de la Ley del Cabotaje, el mismo que entrará en vigencia al día siguiente de su publicación. Reitero las autoridades de la denominada mancomunidad Sur, que involucra justamente a las regiones afectadas, tienen la palabra o apoyan la Ley del Cabotaje o apoyan la toma ilegal de las carreteras perjudicando a las regiones que representan.
El cabotaje autorizado excepcionalmente por la emergencia del año 2017, durante los fenómenos naturales del niño costero, debido a las intensas lluvias y huaicos que destruyeron varios puentes e inhabilitaron la carretera panamericana norte, paralizando el transporte de carga originando el desabastecimiento en los mercados de la capital y por ende generando la especulación de los precios, demostró que la Ley del Cabotaje funciona muy bien.
Existe el Proyecto de ley N° 2471/2017-CR, presentado el 1 de marzo del 2018, que plantea incorporar en el delito de extorsión, tipificado en el artículo 200 del Código Penal, la sanción de pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de diez años, contra el que organice, financie, facilite, fomente, dirija, provoque, incite, colabore o promueva la realización de toma de locales, obstaculice o bloquee, parcial o totalmente, carreteras u otras vías de comunicación o impida el libre tránsito de la ciudadanía o perturbe el normal funcionamiento de los servicios públicos o la ejecución de obras legalmente autorizadas. Proyecto que por intereses ideológicos de una bancada cuyos integrantes son justamente los instigadores, no se debate para su posterior promulgación.