Lo Proyectos de Ley por naturaleza son proposiciones de carácter legal que no tendrían nada en particular si es que estos no versan sobre temas de cotidiana discusión, pero si es que estos tienen por finalidad nada más y nada menos que la modificación del Régimen Económico de la Constitución Política del Perú, allí si tendríamos que empezar a preocuparnos, como es el caso del Proyecto de Ley N° 4472 presentado por la congresista Rebeca Cruz Tévez del grupo parlamentario (APP) que busca precisamente eso, la modificatoria del Régimen Económico en la Constitución Política del Perú.
Teniendo en consideración el proyecto, debemos de señalar de que lo que se propugna es modificar los artículos 58º, 59º, 60º, 61º, 62º, 63º, 64º y 65º de la Constitución Política del Perú, con lo cual se propone entre otros aspectos desterrar de la Constitución todo vestigio concerniente al Régimen Económico, es decir, eliminar la economía social de mercado, para dar paso a una iniciativa privada libre pero sujeta a “finalidades impuestas por el Estado”; se pretende asimismo, empoderar a los pequeños y microempresarios, cooperativas y empresas comunales como organizaciones empresariales; en esa misma línea se plantea que el Estado tenga la prerrogativa de modificar o renegociar los contratos con la empresa privada “cuando existan causas que así lo justifiquen”; al margen de que (ese mismo Estado) pueda realizar actividades empresariales (la cual hoy en día no le es permitido salvo excepciones) cuando “la inversión privada sea insuficiente y mediante ley” aprobada con el voto de los dos tercios del numero legal de parlamentarios. Los argumentos que esgrime la congresista son, por decir lo menos trillados, por ejemplo: se señala que no se ha superado la crisis económica ni las desigualdades, que se han profundizado las injusticias sociales, que se han privilegiado las ganancias desmedidas de los grandes grupos empresariales (Telefónica, Latam, Falabella, etc), además de haberse precarizado los empleos con la consecuente baja de las remuneraciones, entre otras consideraciones.
En ese sentido es conveniente señalar de manera muy sucinta el contexto político, social y económico en el que se dio la Constitución Política del 93, el cual difería radicalmente al que hoy vivimos, ya que en aquel entonces el Perú salía de más de una década de dictaduras militares, encontrándose en ruinas producto de las políticas estatistas de Juan Velasco Alvarado y Francisco Morales Bermúdez, entre ellas la reforma agraria, el armamentismo injustificado y el endeudamiento externo; la hiperinflación galopante, la escasez de alimentos y la corrupción del gobierno de Alan García; así como los apagones, los asesinatos y los coches bomba producto de la insania terrorista cuyo accionar se extendió por más de una década, es en este escenario apocalíptico en el que se promulgó la Constitución Política que hoy nos rige, cuyos orígenes pueden ser discutibles, pero lo que no se puede discutir es que esta nueva Carta Magna le permitió al país un viraje político, económico y social de tal manera que el rol estatista del Estado (el cual ha sido pésimo a lo largo de la historia) quedó de lado para asumir un papel subsidiario, dando lugar a la inversión privada como motor de la economía, lo que ha traído como consecuencia de que el Perú se inserte en la comunidad financiera internacional, entre otros grandes beneficios.
Del mismo modo, nos hemos olvidado que como parte de ese engranaje económico se encuentra el ciudadano de a pie, el mismo que como consecuencia de un desarrollo sostenible del país su capacidad adquisitiva se ha visto incrementada, la misma que hoy le permite acceder a mejores servicios de educación superior, adquirir un vehículo motorizado nuevo, lo que la década de los 70 y 80 era impensable, acceder a nuevas tecnologías de comunicación, ese mismo ciudadano es sujeto de crédito de consumo o para adquirir un bien inmueble, entre otros aspectos, lo cual solo ha sido posible con esta constitución que se quiere destrozar.
Entonces a que obedece esta propuesta, definitivamente que obedece a una presión mediática orquestada por todos los sectores de izquierda propulsores de una nueva Carta Magna, para lo cual se aprovechan de la coyuntura política en sintonía con un gobierno asiduo consumidor de las encuestas, con las ONGs dizque ambientalistas y defensora de los derechos humanos, con medios de comunicaciones sumisos al poder merced a la publicidad estatal de la cual son tributarios; con la única finalidad de generar un caos generalizado, de tal manera que estos emerjan como la solución a los problemas del país y que una vez instalados en el poder, nos veamos obligados a transitar por las sendas del chavismo y del comunismo al mejor estilo venezolano, cuyos defensores forman parte de algunas organizaciones políticas ya conocidas como el Frente Amplio y Nuevo Perú, del cura Arana, Morales, Glave, Huilca, entre otros actores políticos identificados con esta corriente como el Ministro de Justicia del actual régimen y la Ministra de la Mujer que propugnan el renacimiento de las empresas estatales y el cierre del Congreso, respetivamente.
