El Gobierno mexicano prohibió este viernes a todas sus dependencias y a los estados del país participar en contrataciones públicas de carácter federal con las empresas Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional de México y Constructora Norberto Odebrecht, por un periodo de tres años.
La Secretaría de la Función Pública indicó en un comunicado que ha comunicado el impedimento a las instituciones de la administración pública federal, empresas productivas del Estado, entidades federativas y Fiscalía General de la República.
«De esta manera, las instituciones mencionadas deberán abstenerse de recibir propuestas o celebrar contrato alguno con dichas empresas, ya que fueron inhabilitadas por un plazo de tres años», precisó.
Mediante dos circulares publicadas en el Diario Oficial de la Federación, se precisa que se resolvieron dos procedimientos administrativos sancionadores iniciados a las empresas.
La inhabilitación a Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional de México se debió a que presentó información falsa durante la celebración de un convenio modificatorio de un contrato de construcción, al no cumplir con los requerimientos legales y autorizaciones necesarias para celebrarlo.
Mientras tanto, Construtora Norberto Odebrecht fue sancionada por haber realizado cobros en exceso al Pemex Refinación, en detrimento de su patrimonio.
La prohibición se extiende a todas las entidades federativas del país (estados) «cuando utilicen recursos federales conforme a los convenios celebrados con el Ejecutivo Federal».
No obstante, se señala que los contratos adjudicados y los que actualmente se tenga formalizados con las empresas infractoras, filiales de la firma brasileña Odebrecht, no quedarán comprendidos en esta inhabilitación.
Odebrecht está envuelta en un escándalo tras admitir el pago de sobornos en 12 países por unos 788 millones de dólares.
En México, el caso apuntó hasta al director general de la empresa estatal Pemex entre 2012 y 2016, Emilio Lozoya, acusado de recibir 10 millones de dólares.
En diciembre de 2017, México impuso una sanción a Odebrecht y la inhabilitó durante cuatro años para obtener contratos públicos en el país, después de que se demostrara el cobro indebido de 119 millones de pesos (6,2 millones de dólares) en el proyecto de una refinería. Esta inhabilitación fue anulada en noviembre 2018 por un tribunal.
Un informe de la Auditoría Superior de la Federación determinó, además, que Pemex efectuó pagos irregulares por unos 46 millones de dólares a Odebrecht al generar sobrecostos sin justificar correctamente las obras de una refinería.
