POR: JULIO FAILOC RIVAS
El conflicto prolongado contra la Bambas, cuya duración ha sobrepasado los dos meses y medio, ha tenido un costo social y económico muy alto, no sólo para la empresa minera china MMG, sino también para el estado y las comunidades del entorno minero, y porque no decirlo, afectó de la misma forma, a todos los peruanos. Sin embargo, la cosa no ha quedado allí, sino que el conflicto contra las Bambas amenaza extenderse sigilosamente hacia otras regiones del sur con presencia minera. Tía María y Zafranal en Arequipa, Quellaveco en Moquegua, y el proyecto Santo Domingo en Puno, son los principales focos de atención que deberá poner atención el gobierno por ahora.
No capitalizar las lecciones que nos ha dejado la experiencia del conflicto contra las Bambas sería suicida, sobre todo después del manejo desastroso que se tuvo con los proyectos mineros Conga y Tía María, en materia de gestión de la conflictividad socio ambiental y las formas de comunicación y relacionamiento, del estado y la empresa, con las comunidades de las zonas de influencia directa e indirecta de los proyectos mineros.
Una primera lección tiene que ver con el papel que juega el estado en el conflicto. Su rol mediador debe quedar claro e ir progresivamente reposicionándose debido a que la población tiene la percepción que éste es funcional a los intereses de la actividad minera y, por consiguiente, contraria a las comunidades. Recuperar la confianza de las partes es una tarea prioritaria y fundamental en su rol de facilitador del diálogo.
La segunda lección está asociada a las preocupaciones sociales y ambientales que tiene las comunidades de los proyectos mineros. Reducir las razones del conflicto a las compensaciones económicas no solo es un error, sino que también en un incentivo para las demandas económicas de las comunidades sean indefinidas. Darle respuestas definitivas a estas preocupaciones sociales y ambientales, no solo facilita el dialogo, sino que también le dará sostenibilidad a la resolución de los conflictos.
Una tercera lección que guarda relación con la anterior, son las asimetrías existentes en las negociaciones entre las empresas mineras y las comunidades. Esta asimetría obliga a las comunidades a buscar consejos legales, que muchas veces es aprovechado por “asesores” inescrupulosos que anteponen intereses económicos propios a la búsqueda de una negociación sostenible, de mutuo beneficio y centrada en el marco de los derechos, polarizando una situación de discrepancias entre la comunidad y la empresa a un escenario de conflicto (de potenciales socios, a enemigos encarnizados).
El Estado tiene que asumir la responsabilidad de reducir estas asimetrías existentes en las negociaciones si quiere evitar el surgimiento de nuevos “Chávez” y “Pepes Julios”. Desarrollar capacidades en las comunidades y/o proveer de recursos humanos calificados para asesorar a las comunidades en las negociaciones en una tarea pendiente que tiene que asumir. Esto no debe implicar necesariamente que las comunidades -per se- tengan que aceptar un proyecto minero.
Espero que las lecciones aprendidas del conflicto de las Bambas sean de utilidad para éste gobierno, pero, sobre todo, en su acción para la gestión de los conflictos socio ambientales en el Sur que se va calentando. Herbert Spencer decía que “el gran objetivo del aprendizaje no es el conocimiento, sino la acción”.
