POR: JULIO FAILOC RIVAS
A casi sesenta días de paralización no se avizora alguna solución al conflicto con Las Bambas y por el contrario las tensiones son cada vez mayores por las demandas de las comunidades que con justa razón exigen ser atendidas.
Para la mayoría del país –en la que me incluyo- fue un error la captura de Gregorio Rojas, porque no sólo descabezó a la comunidad de Fuerabamba, dando pie para el surgimiento de liderazgos radicales poco dialogantes, sino que también frustró las negociaciones con el gobierno y la empresa MMG. Para otros la reciente liberación de Rojas puso de manifiesto la gran debilidad del gobierno en las negociaciones, abriendo paso para que las exigencias de las comunidades alcancen el límite extremo de pedir la liberación de los hermanos Chávez previo al diálogo.
Debo reconocer que lo señalado líneas arriba solo hubiese sido posible si el gobierno de Vizcarra tuviera el poder único y absoluto, como en las épocas doradas, en la que gobernaba tristemente el fujimontesinismo. Este no es ni por asomo el caso. Y es un deber moral de los ciudadanos decirlo y, si fuera posible, reiterarlo una o más veces. No obstante, hay que anotar que lo señalado no exime al gobierno de Vizcarra de haber cometido una serie de errores acumulativos que han hecho que lleguemos a la situación en la que nos encontramos y que resultaría ocioso enumerarlas, pero que, sin embargo, resulta imperioso, corregirlos.
Aun cuando el presidente diga que no le interesa el termómetro de las encuestas, lo cierto es que su gobierno está de picada y el conflicto con Las Bambas le ha costado más de doce puntos, y si no hay un golpe de timón certero en las negociaciones con las comunidades, lo más probable es que siga costando más puntos en su popularidad.
Sería un error y un mal precedente acceder a soltar a los hermanos Chávez. El gobierno debería utilizar este caso emblemático para sancionar y neutralizar a los extorsionadores que rotan por diferentes partes del sur del país, donde existe la gran minería, ofreciendo sus servicios a cambio de un porcentaje importante, distorsionando los derechos legítimos de las comunidades, orientándolas hacia reivindicaciones economicistas, y renunciando incluso a la remediación o mitigación de los impactos ambientales, como es el caso de las Bambas.
En este contexto, el gobierno debe redefinir su rol en los conflictos socio-ambientales a favor de la reducción de las asimetrías existentes de las negociaciones entre las comunidades y las empresas mineras. Para ello, si quiere evitar la intervención de personajes obscuros en las negociaciones con la actividad minera debe asumir el pago de los servicios profesionales de los asesores de las comunidades.
El gobierno tiene la responsabilidad de cambiar los términos de las negociaciones y encausarla hacia el interés común de las comunidades, recogiendo sus preocupaciones sociales y ambientales, sobre todo éstos últimos, y asumir los compromisos que adquirió cando el presidente Vizcarra fue Ministro de Transporte.
