El presidente de la República, Martín Vizcarra, promulgó este lunes la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia que reemplazará al disuelto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Durante la conferencia, en donde también participó el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, y el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, el mandatario criticó a quienes se oponen a esta reforma judicial.
Tras promulgar la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), alertó de los intentos de desprestigiar, ensuciar y poner un manto de dudas sobre su persona, como jefe del Estado y su equipo de Gobierno.
El objeto, dijo, es lograr el debilitamiento de la lucha contra la corrupción. «Hay quienes intentan obstruir reformas, que vienen de distintos sectores y están atacando para protegerse. Sabemos que intentan desprestigiar y poner un manto de dudas. El objetivo es claro: es intentar debilitar la lucha contra la corrupción», expresó en conferencia de prensa.
“Es tratar de confundir y engañar a los peruanos con mentiras y medias verdades, diciendo que quienes llevamos adelante esta lucha somos iguales a ellos, porque no quieren reformas, no quieren justicia, lo que quieren es impunidad”, expresó.
El jefe del Estado afirmó que aunque falta mucho por hacer, tienen la seguridad de que marchan por el camino correcto.
Añadió que la tarea no es fácil porque hay quienes “intentan obstaculizar las reformas emprendidas” y atacan con el fin de protegerse.
“Les decimos hoy lo mismo que dijimos el 28 de agosto pasado en Tacna, en su aniversario de reincorporación, y con el mismo fervor patriótico: no nos van a doblegar, no van a lograr que la lucha contra la corrupción retroceda, porque esta lucha no es de solo este Presidente, esta lucha por las reformas y en contra de la corrupción es de todos los ciudadanos honestos”, enfatizó.
Además, criticó la situación del Poder Judicial y dijo que desde el pasado 20 de julio de 2018 «han transcurrido siete meses en el que el sistema de administración de justicia se encuentra en situación de crisis».
«Desde aquella fecha el país no cuenta con una institución que se encargue de nombrar, ratificar, supervisar y destituir a jueces y fiscales con lo que la administración judicial se mantiene en incertidumbre».
También mencionó que la nueva ley no contempla «la igualdad de género, no incluye el registro del secreto bancario y se eliminó el criterio que permita el proceso de selección que asegure la elección idónea de los miembros».
