La Corte Suprema de Justicia de la República anuló la sentencia que había favorecido a José Fredy Zeballos Zeballos en un proceso judicial contra el Gobierno Regional de Moquegua y la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), relacionado con una sanción disciplinaria de 240 días de suspensión sin goce de remuneraciones.
La decisión, correspondiente a la Casación N.º 16602-2022-Moquegua, fue emitida el 13 de agosto de 2026 y publicada este lunes 16 de noviembre en el Diario Oficial El Peruano. La Tercera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria declaró fundados los recursos interpuestos por ambas entidades y ordenó que la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Moquegua emita una nueva sentencia en un plazo de 30 días calendario.
UN RECURSO QUE NO LLEGÓ A TIEMPO
El conflicto surgió por la presentación extemporánea de un recurso de apelación ante el Poder Judicial, cuando Zeballos ejercía funciones de procurador público del Gobierno Regional. Según los antecedentes judiciales, el procurador había elaborado, firmado y aprobado el escrito un día antes del vencimiento del plazo, entregándolo al trabajador encargado de presentarlo.
Sin embargo, el notificador no cumplió con ingresarlo oportunamente. De acuerdo con el expediente, este reconoció que retrasó voluntariamente la presentación atendiendo un requerimiento de un tercero que resultó beneficiado.
El Gobierno Regional consideró que existió negligencia en el deber de supervisión del procurador y le impuso la sanción disciplinaria. Zeballos acudió al Poder Judicial para solicitar la nulidad de las resoluciones administrativas y una indemnización de S/ 53.533 por daños y perjuicios.
CORTE CUESTIONA LA MOTIVACIÓN
En primera y segunda instancia se declaró fundada parcialmente la demanda y se anularon las resoluciones sancionadoras, al considerarse que la omisión fue responsabilidad del notificador y no del procurador.
No obstante, la Corte Suprema advirtió que la Sala Mixta no explicó suficientemente hasta dónde llegaba la obligación funcional del procurador de supervisar a su personal. El tribunal señaló que entregar un documento con anticipación no demuestra necesariamente el cumplimiento integral de ese deber y que la sentencia debía justificar jurídicamente dicha conclusión.
Por ello, anuló el fallo de segunda instancia por vulneración de las garantías de motivación judicial previstas en el artículo 139, incisos 3 y 5, de la Constitución. La controversia deberá ser nuevamente resuelta por la Sala Mixta de Moquegua, conforme a los criterios establecidos por el máximo tribunal.

