Un proyecto de S/ 53 337 916,96 (cincuenta y tres millones trescientos treinta y siete mil novecientos dieciséis con 96/100 soles), destinado a fortalecer la formalización de predios rurales en Moquegua, presenta serias deficiencias documentales.
El Órgano de Control Institucional (OCI) del Gobierno Regional de Moquegua detectó expedientes laborales duplicados, incompletos y desordenados mediante un informe de control concurrente.
La alerta compromete la gestión administrativa del personal asignado a una inversión pública que busca mejorar los servicios de saneamiento físico-legal de la propiedad agraria. Según la Contraloría, estas deficiencias generan riesgos para comprobar la trayectoria laboral y el cumplimiento de los requisitos exigidos a los trabajadores encargados de ejecutar el proyecto.
El Informe de Hito de Control N.° 021-2026-OCI/5347-SCC, emitido el 5 de octubre de 2026, identifica una situación adversa que exige la adopción de medidas preventivas y correctivas en la Gerencia Regional Agraria por parte del Gobierno Regional de Moquegua, cuya titular es la gobernadora Gilia Ninfa Gutiérrez Ayala.
EL HALLAZGO PRINCIPAL
La comisión de control examinó 35 expedientes físicos correspondientes al personal contratado para el proyecto denominado “Mejoramiento de la capacidad operativa de la Dirección de Saneamiento Físico Legal, Gerencia Regional Agraria”, identificado con el Código Único de Inversión (CUI) N.° 2472459.
El resultado evidenció deficiencias en una documentación fundamental para la administración de los recursos humanos: tres expedientes duplicados, un legajo físico que no pudo ser ubicado durante la revisión, documentos incompletos y archivos sin la organización exigida por las disposiciones aplicables.
Los expedientes duplicados correspondían a los servidores Huberth Jhon Alfonte Chura, Juan Rodrigo Miranda Gutiérrez y Vaneza Mirelly Pacheco Nina. La observación se refiere a la existencia de legajos repetidos y no implica que estos trabajadores hayan incurrido en alguna irregularidad.
La comisión tampoco encontró inicialmente el expediente físico del servidor Fernando Lenin Tapia Callo. Posteriormente, el 1 de octubre de 2026, a las 11:45 horas, la encargada de la Oficina de Personal de la Dirección Regional de Agricultura remitió su legajo digitalizado a través de WhatsApp.
La remisión electrónica permitió proporcionar documentación sobre el trabajador, pero el informe mantiene la observación respecto de la administración y custodia de los expedientes físicos.
Los auditores encontraron, además, que los legajos no estaban organizados en secciones documentales que facilitaran su ubicación y revisión. La mayoría carecía de carátulas de identificación y los documentos no contaban con foliación correlativa ni orden cronológico.
La revisión también detectó expedientes que no contenían la totalidad de los documentos correspondientes a su conformación, incluidos aquellos relacionados con los procesos de selección, afiliaciones y otros antecedentes vinculados con la trayectoria laboral.
Estas condiciones fueron consideradas por el OCI como una situación adversa porque podrían afectar la integridad, disponibilidad y trazabilidad de la información laboral, además de dificultar su verificación oportuna.
EVIDENCIAS
El informe contiene actuaciones de verificación documental, actas de recopilación de información y fotografías que respaldan las observaciones.
El 25 de septiembre de 2026, la comisión de control efectuó una recopilación de información mediante el Acta N.° H6004-2026-GRM/OCI-CUI2472459. Posteriormente, el 30 de septiembre, los hechos identificados fueron verificados y documentados mediante el Acta N.° H6005-2026-GRM/OCI-CUI2472459.
Las imágenes incorporadas al informe muestran los estantes donde se conservan los legajos personales, la existencia de expedientes duplicados y documentación sin foliación. También se presentan ejemplos de documentos sin la firma correspondiente.
El OCI sustentó sus observaciones en la Directiva N.° 001-2023-SERVIR-GDEF/63.01, denominada “Normas para la Gestión del Proceso de Administración de Legajos”, aprobada por la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR).
Esta regulación establece obligaciones para la actualización, conservación, organización y depuración de los expedientes del personal, así como disposiciones específicas relacionadas con su identificación, clasificación y archivo.
Entre otros requisitos, los documentos deben organizarse por secciones, mantenerse foliados correlativamente y colocarse en orden cronológico para facilitar su identificación y consulta.
El informe también hace referencia al Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, que incorpora la administración de legajos dentro del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos.
Las deficiencias encontradas generan riesgos de pérdida, extravío, duplicidad o alteración de documentos, así como de mantener información incompleta o desactualizada.
La entidad podría enfrentar dificultades para localizar, consultar y verificar los antecedentes laborales de sus servidores, afectando el adecuado control de los expedientes. Es importante precisar que el informe no establece la existencia de trabajadores que carezcan de requisitos para sus cargos. La situación adversa consiste en las deficiencias documentales que dificultan verificar y sustentar oportunamente su cumplimiento.
MILLONES DE SOLES Y UN TOTAL DESCUIDO
El documento también permite conocer la dimensión económica y temporal del proyecto. En enero de 2021 se aprobó un expediente técnico con un presupuesto inicial de S/ 16 277 629,40 (dieciséis millones doscientos setenta y siete mil seiscientos veintinueve con 40/100 soles).
Después de sucesivas modificaciones presupuestales, la inversión alcanzó los S/ 53 337 916,96 (cincuenta y tres millones trescientos treinta y siete mil novecientos dieciséis con 96/100 soles).
Aunque la ejecución comenzó el 1 de abril de 2022, la fecha prevista para su culminación fue extendida hasta el 31 de marzo de 2029.
Otro dato consignado por los auditores es que el componente I, correspondiente a infraestructura, se encontraba paralizado. Entretanto, el informe del residente correspondiente a agosto de 2026 registraba un avance de metas físicas del 57,29 % en equipamiento y mobiliario, 17,64 % en capacitación y talleres, y 21,18 % en sistemas de información.
El informe fue dirigido a la gobernadora regional Gilia Ninfa Gutiérrez Ayala mediante el Oficio N.° 000959-2026-CG/OC5347, fechado el 5 de octubre de 2026, acompañado de la correspondiente notificación electrónica.
