El empresario y dirigente del sector Transporte de Mollendo, Jesús Larico Mamani, representante de la empresa Lari King Corp., denunció públicamente haber sido víctima de un procedimiento presuntamente irregular y discriminatorio por parte de la Municipalidad Provincial de Islay, luego de recibir un acta de fiscalización que incluye una multa de 50 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) por mantener un toldo instalado en el exterior de su propiedad.
DEBIDO PROCESO
Larico cuestionó severamente los argumentos consignados en el acta con código N.° 44-2026, asegurando que la descripción de los hechos no coincide con la realidad. Según explicó, las autoridades afirman que la estructura metálica ocupa la vereda e impide el libre tránsito, cuando en verdad se sitúa sobre la berma. Asimismo, criticó que el municipio haya emitido directamente una sanción de tal magnitud sin otorgar una notificación o aviso previo para su retiro, vulnerando así el debido procedimiento administrativo y los principios de imparcialidad e igualdad.
“PEQUÉ DE INGENUIDAD”
Pese al reclamo por la falta de un debido proceso, Larico reconoció abiertamente que la instalación del toldo en la vía pública no es legal y admitió su falta. «Pequé en esa ingenuidad, como muchos de los pobladores», afirmó, dejando en claro que, si se le notifica mediante el conducto regular correspondiente, está dispuesto a retirarlo. Sin embargo, exigió que la fiscalización se aplique por igual a todos los ciudadanos y no solo de manera dirigida hacia su persona.
El afectado argumentó que el toldo lleva más de dos años en el lugar y sugirió que esta acción responde a un direccionamiento o represalia por su permanente labor de fiscalización y reclamo en defensa de los derechos de los transportistas locales.
UNA REGIDORA TIENE UN TOLDO SIMILAR
En esa línea, señaló que en Mollendo existen cientos de estructuras similares en la vía pública, citando incluso el caso de un puesto de venta perteneciente a una actual regidora municipal, Liliana Llasa, en Villa Lourdes. Por ello, presentó un recurso solicitando la nulidad del acta y exigió que las normas se apliquen sin favoritismos ni abusos de autoridad.
RESPALDO DE DIRIGENTES
Hasta el lugar acudieron representantes de diversos gremios de transporte para expresarle su respaldo, entre ellos Mario Calderón Gómez, del Sindicato de Choferes, y Abel Rojas Uribia, presidente de la Asociación de Taxis Colectivo Mollendo (Asotac). Ambos dirigentes coincidieron en calificar de desmedida la sanción y demandaron a las autoridades municipales actuar con transparencia y equidad hacia toda la ciudadanía.
