Contraloría advierte anomalías en la toma de decisiones en la ZED Matarani

​Según el OCI se detectó que la Presidencia actuó al margen del pleno colegiado al emitir disposiciones sin acuerdos ni actas aprobadas, comprometiendo la legalidad de los actos administrativos.

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Un informe del Órgano de Control Institucional (OCI) reveló presuntas deficiencias en la legalidad y transparencia de la gestión administrativa en la Zona Especial de Desarrollo Matarani (ZED Matarani). Según el Informe de Orientación de Oficio N° 009-2026-OCI/5356-SOO, firmado por el jefe del OCI, CPC César Fernando Polanco Ojeda, se han identificado decisiones tomadas por la Presidencia que no cuentan con la debida acreditación del colegiado.

​Sin aprobación del pleno

​El documento, evaluado entre el 5 y el 9 de octubre de 2026, advierte una situación adversa principal: la emisión de disposiciones de parte de la Presidencia de la Junta de Administración dirigidas a áreas como la Oficina de Administración que no están sustentadas en actas ni acuerdos formalmente aprobados por el pleno de la Junta.

​Entre los hechos observados, se detalla que el presidente de la Junta encomendó gestiones específicas para responder a observaciones previas de control (Informe de Visita de Control N° 007-2026-OCI/5356-SVC) mediante orden verbal o interna (Documento S/N del 29 de septiembre de 2026). Sin embargo, al remitir la respuesta al OCI, no se adjuntó acta de sesión, convocatoria, orden del día ni acuerdo formal firmado por los miembros que conforman la Junta de Administración.

​Riesgo a la legalidad de los actos

​Según el informe de control, las normas de la ZED Matarani y el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 (Ley del Procedimiento Administrativo General) establecen que la Presidencia cumple una función de conducción, representación y ejecución de los acuerdos adoptados por el órgano colegiado, mas no posee facultades para sustituir de manera autónoma las decisiones que competen al máximo órgano de dirección.

​El OCI remarcó que esta contravención a los procedimientos internos y al principio de legalidad podría invalidar las acciones y decisiones adoptadas, generando riesgos directos para la continuidad de las operaciones y el cumplimiento de las metas de la entidad.

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