Animalistas realizan plantón y exigen justicia por ataque con perdigones al perro “Malandrín” en Ilo

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Integrantes de diversos colectivos y asociaciones animalistas realizaron una movilización y un plantón frente a la comisaría de Ciudad Nueva, en el distrito de Pacocha, para exigir avances en las investigaciones por el presunto ataque con perdigones contra el perro “Malandrín”.

Los manifestantes portaron pancartas y lanzaron arengas para expresar su rechazo al maltrato animal y solicitar a la Policía Nacional información sobre las diligencias realizadas para identificar al responsable del hecho.

“Esto no se puede quedar así. Para nosotros, un perro es un ser que, si bien no habla, nos da amor incondicional. Por eso, como animalistas, estamos pidiendo justicia para Malandrín”, manifestó una de las participantes.

El mayor PNP Cristian Alcántara, jefe de la comisaría de Ciudad Nueva, informó que la Policía viene realizando diligencias para esclarecer lo ocurrido. Precisó que las actuaciones se desarrollan de manera reservada y objetiva, por lo que pidió no basar las acusaciones en nombres difundidos a través de redes sociales o grupos de WhatsApp.

“Ya tenemos las imágenes que nos ha proporcionado la municipalidad”, señaló el oficial, quien agregó que los agentes acudieron al lugar donde presuntamente ocurrió el ataque. Sin embargo, indicó que los vecinos consultados no proporcionaron información relevante ni entregaron videos del hecho.

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Alcántara sostuvo que, hasta el momento, no cuentan con un testigo directo ni con elementos probatorios suficientes para identificar al responsable, por lo que las investigaciones continuarán con el objetivo de esclarecer el caso.

La abogada Karla Ramírez, quien participó en la movilización, señaló que acudieron a la dependencia policial para conocer el estado de las investigaciones y solicitar que se agilicen las diligencias.

“Queremos que las autoridades tomen este caso con seriedad”, manifestó. Asimismo, indicó que, según la información que manejan, el disparo habría ocurrido en el valle, donde algunas personas utilizan escopetas, por lo que pidió que se investigue para determinar quién sería el responsable.

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Ramírez recordó que el maltrato animal puede acarrear sanciones conforme a la legislación vigente y demandó que, de identificarse al autor, se proceda de acuerdo con la ley.

Por su parte, Patricia Valle, vecina que se encargaba de alimentar y atender al perro, relató que “Malandrín” permanecía en el parque ecológico y que su familia le tomó cariño debido al vínculo que se formó con el animal.

Explicó que, debido a que su esposo trabajó en dicho lugar, el perro comenzó a seguirlo hasta su domicilio, donde le proporcionaban alimentos y cuidados.

Valle señaló que el presunto ataque causó consternación en su familia y pidió que las autoridades esclarezcan lo sucedido y sancionen al responsable.

Mientras tanto, los colectivos animalistas esperan que las diligencias policiales permitan identificar a la persona que habría disparado contra “Malandrín” y determinar las responsabilidades correspondientes.

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MUNICIPALIDAD DE ILO NO CUMPLE ORDENANZA

Por su parte, Karla Mays Benavidez, integrante de una asociación de animalistas, cuestionó que la Municipalidad Provincial de Ilo no ejecute de manera efectiva la ordenanza municipal que establece sanciones contra el maltrato animal.

Según manifestó, hasta el momento no se estarían aplicando las multas previstas en la normativa y tampoco habría personal municipal encargado de fiscalizar los casos denunciados.

“No están saliendo los fiscalizadores, la municipalidad no tiene personal, por lo que esperamos que la próxima gestión haga algo por los animalitos y se cumpla con la ordenanza municipal en su totalidad”, expresó.

Benavidez agregó que las organizaciones animalistas han sostenido varias reuniones para abordar esta problemática; sin embargo, aseguró que no percibe interés por parte del alcalde de Ilo, Humberto Tapia Garay, ni el apoyo que vienen solicitando para atender los casos de maltrato animal.

Ante esta situación, pidió que se adopten medidas concretas para garantizar la aplicación de la ordenanza municipal, fortalecer la fiscalización y atender las denuncias presentadas por la ciudadanía.

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